El Gobierno desbloquea el diálogo social con la promesa de mejorar sus ofertas

El Gobierno mejorará las últimas ofertas que presentó el 25 de junio a empresarios y sindicatos, dentro del diálogo social (ámbito de debate y negociación entre las tres partes), medidas encaminadas a paliar los efectos demoledores de la crisis y a volver al crecimiento económico y del empleo lo antes posible. Con este compromiso, aún inconcreto, consiguió reconducir el proceso, tras la reunión celebrada ayer.

El primer efecto consistió en que CEOE retiró de la mesa el principal obstáculo que había para continuar las conversaciones. Volvió a meter en el cajón sus reivindicaciones de abaratamiento del despido y de reducción en cinco puntos de las cotizaciones sociales, peticiones que indignaron a CC OO y UGT.

Todos los interlocutores salieron satisfechos del encuentro. Incluso, fueron capaces de elaborar un comunicado conjunto, aunque como siempre ocurre en estos casos, de contenido impreciso. En el escrito distribuido por el Ministerio de Trabajo reafirmaron su voluntad de «seguir avanzando en la negociación de un acuerdo que responda a las necesidades, tanto coyunturales como estructurales, de nuestra economía» y rehusaron contar lo que había sucedido en la reunión. Se limitaron a recordar que las actuaciones emprendidas tenían como prioridad el empleo, la protección a los ciudadanos más vulnerables, la competitividad y un crecimiento económico sostenido.

Así las cosas, Gobierno y agentes sociales han quedado en verse de nuevo el lunes. En consecuencia, el Gobierno, además de proseguir sus contactos secretos con patronales y sindicatos, trabajará durante este fin de semana para llevar a la mesa propuestas actualizadas. Las tres partes dieron por desbloqueado el proceso pero desde Moncloa se recomendó prudencia porque «se había ganado una batalla pero no la guerra». Las mejoras prometidas consisten, por un lado, en estudiar alguna fórmula que amplíe los seis meses de duración de la nueva protección, fijada en 420 euros al mes, destinada a los parados que han agotado la cobertura de desempleo. Está previsto que la ayuda vinculada a la formación entre en vigor el 1 de octubre de 2009. Si la extensión abarca otros seis meses, su coste se elevará a 906 millones de euros. En principio, el número de beneficiarios sería de 200.000 desocupados, colectivo que igualmente podría elevarse. Por otra parte, el Gobierno también va a analizar la posibilidad de revisar al alza la propuesta de rebajar a los empresarios 0,5 puntos porcentuales en sus cotizaciones por contingencias profesionales (enfermedad y accidente de trabajo). La iniciativa está sujeta a que los cambios no afecten a las cuentas de la Seguridad Social, que no suponga un peligro para el sistema y que sea temporal. La reducción de 0,5 puntos ofrecida supondría un ahorro a los empresarios de 1.600 millones de euros al año.

Para el Ejecutivo y CC OO y UGT, es preciso que, de conseguirse un acuerdo, quede firmado en julio. Los sindicatos consideran que agosto es un mes «inhábil» y no comparten la posibilidad lanzada el miércoles por el ministro de Trabajo de prolongar las negociaciones hasta el otoño. CEOE reclamó flexibilidad en los plazos, pero ante la postura de los interlocutores planteó que la primera semana de agosto puede ser útil para el entendimiento definitivo, a lo que el Gobierno y las centrales guardaron silencio.