El jefe de Cirugía del Puerta del Mar, absuelto de la acusación por falsedad

La Sala Cuarta de la Audiencia Provincial ha dictado sentencia en un tiempo inusualmente corto en el proceso que ha llevado al banquillo de los acusados al jefe del Servicio de Cirugía del hospital Puerta del Mar. El médico ha sido absuelto del único cargo que pesaba sobre él al término de la vista oral, la supuesta falsedad documental. La acusación por homicidio imprudente que esgrimía la Fiscalía fue retirada en la última sesión del juicio, por lo que el tribunal no ha entrado a valorarla y se ha ceñido en sus argumentaciones al delito de falsificación de documento oficial.

El dictamen judicial se ha conocido en tiempo récord. La vista oral concluyó el pasado martes y al día siguiente los magistrados ya habían alcanzado un fallo y redactado la sentencia, cuando lo habitual es que las distintas secciones de la Audiencia tarden al menos quince días en comunicar sus decisiones.

La sentencia que absuelve a José Manuel Vázquez explica en siete folios por qué no estima la acusación de la Fiscalía, que solicitaba para el facultativo una pena de cuatro años. Los magistrados entienden que no hay pruebas que impliquen al doctor en la alteración a posteriori de una hoja de tratamiento y que los indicios que se han barajado en el juicio sólo mantienen «una duda más que razonable» a favor del procesado.

Salvo recurso que interponga el Ministerio Fiscal, este proceso concluye tras nueve años de ocurrir los hechos. En mayo de 2000, Francisco González González ingresó en el centro hospitalario para ser intervenido de un nódulo carcinoide pulmonar. Los anestesistas evaluaron un alto riesgo de que el paciente padeciera un tromboembolismo y le prescribieron un medicamento anticoagulante. Al día siguiente fue operado por el doctor José Manuel Vázquez, quien practicó una biopsia sobre el nódulo sospechoso y descartó que fuera maligno.

En este momento de la historia se circunscribe el nudo del procedimiento, y que ha generado dos versiones diferentes. Por un lado, la enfermera que recibió la orden de tratamiento que redactó el cirujano, declaró que no constaba dos medicamentos, uno de ellos anticoagulante, y que por eso no le fueron administrados al paciente, quien fallecería un día después de la intervención por posible tromboembolismo pulmonar masivo.

En cambio, en la citada orden, clave en este procedimiento, sí aparecen los dos medicamentos, pero la Fiscalía sostuvo que fueron incluidos en el informe por el procesado, un año después, cuando supo que iba a ser denunciado.

El doctor negó haber modificado la hoja de tratamiento en el juicio y el fiscal se topó con un obstáculo más que complicado: el documento original fue extraviado por la Policía Nacional a la que se le encargó un estudio caligráfico que pudiera determinar si había sido redactado en dos momentos distintos. Estos agentes sí vieron una posible manipulación. Sin embargo, un segundo informe similar que le fue solicitado a la Guardia Civil indicaba que no podían alcanzar una conclusión rotunda sin comparar el documento original. «Vaya por delante que para este tribunal es inaudito que se extraviara, que a día de hoy no exista una explicación razonable para ello y que se nos haya privado de una prueba esencial».

Pero no es el único rapapolvo de los magistrados, también cuestionan que en el hospital no esté definido cómo se deben cumplir las órdenes de tratamiento, después de presenciar en el juicio cómo los enfermeros interrogados aseguraban que ellos se ciñen a las indicaciones que les dan los cirujanos; mientras que los médicos daban una versión opuesta, alegando que estos profesionales están obligados a revisar el historial clínico del paciente. «A la Sala le resulta inaudito y preocupante que algo de tanta transcendencia no esté protocolizado».

Estudia anular la sentencia

Sin la prueba esencial para determinar la falsedad, como es el documento objeto del debate, y sin quedar aclarado cuál fue la causa de la muerte del paciente, a quien no se le practicó la autopsia, el tribunal concluye: «La falta de relación de causalidad entre la supuesta omisión de prescripción de la heparina -fármaco anticoagulante- y el fallecimiento del paciente, hacen absurda o mejor dicho poco comprensible la acción que se imputa a José Manuel Vázquez».

La Fiscalía, que ha sido la única acusación personada en el procedimiento, confirmaba ayer a este medio que estudiará pedir la nulidad de la sentencia. El tribunal reconoce abiertamente en su fallo que desconoce qué pudo ocurrir tras la intervención del paciente y ofrece varias posibles explicaciones. Para el Ministerio Público esto podría ser sintomático de que la decisión judicial no está bien motivada.

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