Editorial

Malas previsiones

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L a previsiones del Fondo Monetario Internacional empeora las perspectivas sobre la evolución de la crisis en España, al augurar el declive más acentuado de las economías desarrolladas con una caída del PIB del 4% este año y del 0,8% en 2010. Aunque los pronósticos del FMI son más pesimistas que los del Gobierno, las expectativas de ambos coinciden en que la recesión está siendo particularmente profunda en nuestro país y que la salida será más lenta y trabajosa. De hecho, la previsión del Fondo más inquietante ya no es tanto el brutal desplome del crecimiento, como que éste mantenga su caída el próximo año, aunque sea mucho más moderada. La vicepresidenta Salgado incidió ayer en la irritante inclinación del Gobierno por buscar enfoques optimistas a los malos datos, al valorar el pronóstico más favorable del FMI con respecto al efectuado por la OCDE. Con independencia de lo más o menos atinados que acaben resultando los vaticinios, van aflorando las suficientes advertencias sobre la mayor duración de la crisis en España como para que las manifestaciones y actuaciones del Ejecutivo sean coherentes no sólo con la tortuosa marcha de nuestra economía, sino con su propia previsión de que no dejaremos atrás el túnel hasta 2011. Los males derivados de las zozobras financieras y el recorte del crecimiento se han agudizado en el caso español por efecto de un modelo falto de productividad y de un acelerado incremento del desempleo. La renuncia del Ejecutivo a admitir la crisis y la gravedad que podía alcanzar se han traducido en una gestión morosa en demasiadas ocasiones de los problemas, tal y como ha evidenciado la aplicación de medidas para frenar el sostenido aumento del paro, la puesta en marcha del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria convalidado ayer en el Congreso o el anunciado plan para avanzar en 2010 hacia un nuevo patrón de economía sostenible. La razonable crítica que pueda suscitar la ejecutoria gubernamental y la precariedad de su mayoría parlamentaria, no eximen a la oposición de su responsabilidad en la contribución a superar las dificultades; en este sentido, el rechazo de las fuerzas nacionalistas al FROB, por supuesta invasión de competencias autonómicas ante las atribuciones concedidas al Banco de España, no debería traducirse en una primacía de los intereses políticos sobre aquellas operaciones destinadas a minimizar los riesgos de los bancos y cajas en apuros o a fomentar procesos de concentración a fin de salvaguardar la solvencia del sistema. Pero las negativas perspectivas que siguen oscureciendo la economía española obligan al Gobierno a conducirse con mayor diligencia, procurando acuerdos amplios que den mayor seguridad a las medidas anticrisis y anticipando aquellas reformas que se perfilan como inevitables.