¡Arriba las manos! Esto es un atraco

Que la situación económica actual en España es difícil, lo sabemos. Que los beneficios y la actividad que ha tenido el sector de construcción en la última década no son los mismos, también lo sabemos... pero que eso sea la justificación para no pagar a los trabajadores lo que les pertenece por ley, no lo admitimos.

La clave del conflicto que los sindicatos y la patronal de la construcción mantenemos en Andalucía se resume en una sola cifra: el 3,5%. Se refiere a la subida salarial fijada para 2009, que recoge el IV Convenio General de la Construcción (2007-2011) que fue firmado conscientemente por la patronal en los últimos tiempos de bonanza económica y que ahora pretenden obviar en éstos tiempos de crisis, donde los beneficios son menores. Los empresarios del sector, perfectamente orquestados bajo una estrategia calculada que siguen todas las provincias (excepto Huelva), están reculando en su postura y se resiste a abonar tal cantidad de dinero que, sólo en el primer semestre del año, les ha supuesto un ahorro de más de 125 millones de euros por no pagar esas subidas ni cotizarla a la Seguridad Social...Juegan a ser esos perfectos hombres trajeados, de guante blanco, que consiguen suculentos botines bajo una amenaza sibilina de «manos arriba, esto es un atraco». Y los es, en toda regla.

Bajo su halo de prepotencia, los empresarios se están poniendo el mundo de las relaciones laborales por montera. Cinco meses duran ya las negociaciones, bloqueadas por los empresarios, haciendo oídos sordos y aferrándose a su argumento de que no existe un documento oficial donde fije que el IPC previsto para 2009 sea del 2% y no menos. Ni la doble respuesta afirmativa de la Comisión Paritaria de la Construcción Nacional, ni la decena de autos judiciales de similares conflictos en otras comunidades autónomas, ni el hecho de que más de 40 provincias de España hayan aplicado esta subida (incluida Huelva), tienen validez alguna para ellos.

Esta rabieta empresarial ha obligado a que en pleno siglo XXI los más de 285.000 trabajadores y trabajadoras de siete de las ocho provincias de Andalucía, hayan tenido que secundar una huelga general en el sector, como la del pasado 1 de julio, para reclamar lo que les pertenece y cuyo éxito, han tratado de desprestigiar algunos dirigentes empresariales confundiendo a la opinión pública con datos irrisorios y alguna que otra desafortunada declaración como que «la huelga la han hecho los desempleados del sector».

Se está poniendo en peligro los derechos básicos del diálogo social. Tienen bloqueadas las negociaciones y revisiones de los convenios colectivos de otros muchos sectores. Parecen que no quieren dar su brazo a torcer y están poniendo en jaque la validez de un sistema bien avenido como las relaciones laborales. Tanto es así, que UGT ya ha anunciado su intención de no firmar los acuerdos del inminente VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía (ACSA).

No se puede permitir que sean ellos los que marquen las reglas del juego. La situación pinta mal, pero las ganas siguen siendo las mismas. Desde la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT Andalucía estamos agotando todas las vías legales, con la presentación de denuncias ante la Inspección de Trabajo, con demandas judiciales por la vía de lo social y, ahora, por lo penal. La federación está estudiando la posibilidad de elevar este caso a un conflicto colectivo (es decir, de carácter regional) y presentar una querella ante la Fiscalía en base al artículo 311 del Código Penal, por un delito contra los derechos de los trabajadores.

La resolución del conflicto está en sus manos. Cumplir con lo pactado y aplicar esa subida salarial del 3,5% para que todos, estemos en las mismas condiciones.