Salgado pide a la banca que preste 10.000 millones en proyectos de economía sostenible

El Gobierno se ha planteado como reto el cambio de modelo económico. Un camino en el que necesitará el apoyo de la banca. Así lo reconoció ayer la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, quien pidió al sector que financie el 50% de los 20.000 millones de euros del fondo que acompañará a la Ley de Economía Sostenible, anunciada por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en el último debate sobre el estado de la nación.

El Ejecutivo se sabe con las manos atadas en cuanto a disponibilidad de recursos y recurre a bancos y cajas, para que éstos presten dinero a proyectos sostenibles con los que dejar atrás la crisis. Esos proyectos comprenderán tanto actividades directamente ligadas a la llamada economía verde como a las infraestructuras.

Salgado midió muy bien el momento y el lugar para lanzar su petición. Aprovechó su presencia en un foro financiero, con los principales responsables del negocio presentes, y el día en que el Congreso de los Diputados aprobaba -con los únicos apoyos de PSOE y PP- el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que no se tramitará como proyecto de ley en aras de una mayor eficiencia.

«Es imprescindible la participación del sector en la reasignación de recursos hacia sectores más sostenibles», apuntó Salgado. El planteamiento de la ministra es que cuando llegue el final de la crisis, el sector financiero debe estar preparado para sostener la recuperación, y nada mejor que con el grifo de la financiación abierto. De hecho, Salgado advirtió de que «un exceso de celo» a la hora de conceder créditos a la demanda solvente podría «agravar la recesión». Un mensaje a navegantes junto al que recordó los movimientos del Gobierno para ayudar a mejorar la liquidez, como el fondo de adquisición de activos o los avales del Estado.

Inevitable

Elena Salgado, que participaba en un encuentro organizado por Caja Madrid y El País, reiteró la necesidad de reformar el sistema financiero ante su exceso de capacidad, las dudas surgidas por el deterioro de la calidad de los activos y el rápido crecimiento de la morosidad. «Es inevitable el redimensionamiento», añadió. Poco después, y ya en la tribuna del Congreso, la ministra defendió la conveniencia del FROB que, aseguró, respeta de forma escrupulosa las competencias de las comunidades autónomas, en alusión a las cajas de ahorro.

Un mensaje que sólo caló, y a medias, en el PP, que dio un apoyo «crítico y escéptico» al fondo. El resto de la oposición votó en contra. La posibilidad de que las comunidades autónomas no puedan vetar las operaciones que se planteen en las cajas intervenidas por el fondo ha levantado mucho más que reticencias.

El sector también tiene su particular visión del FROB. Al apoyo más o menos explícito, se sumó ayer un análisis novedoso, el del presidente de Caja Madrid. Miguel Blesa, quien aplaudió el instrumento en aras de un sistema «más eficiente» pero advirtió de las tentaciones de crear bancos regionales. Algo que, dijo, sería «un disparate». Blesa llamó también la atención sobre los procesos de concentración y la consiguiente reducción de oficinas lo que, señaló, podría tener su repercusión en el empleo. El ejecutivo descartó el «fantasma de la privatización» de las cajas y, eso sí, urgió al Gobierno a llevar a cabo reformas estructurales profundas para «evitar permitirnos el lujo de empadronarnos en la crisis».

En las jornadas participaron también los presidentes de las patronales de bancos (AEB) y cajas (CECA), Miguel Martín y Juan Ramón Quintás, respectivamente. Ambos coincidieron en la necesidad de articular una supervisión especial para las megaentidades, aquellas que son demasiado grandes para dejarlas caer pero también demasiado grandes para ser rescatadas.