Greenpeace sitúa otra vez a Chiclana y El Puerto como puntos negros urbanísticos

La organización conservacionista Greenpeace hizo público ayer la edición anual del informe Destrucción a toda costa que realiza cada año. En esta última entrega hace un repaso de las irregularidades urbanísticas que denuncian y que han pasado por los tribunales en los últimos meses. Chiclana y El Puerto vuelven a centrar la mayor parte de las observaciones que los verdes hacen con respecto a las costas gaditanas. Sobre la primera localidad, recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado la aprobación definitiva del PGOU chiclanero «al no seguirse la tramitación legal a la hora de dar vigencia al documento».

El estudio señala que un juzgado de Chiclana ordenó la «detención de 18 personas por delitos contra la ordenación del territorio, estafa y falsedad documental en la construcción de viviendas en suelo rústico». Sobre el caso Obra Nueva, apunta que hay cerca de 50 imputados por la falsificación de licencias de obra nueva para regularizar viviendas ilegales y que permitía a los titulares de los inmuebles solicitar hipotecas. Asegura que se firmaron alrededor de 200 hipotecas falsas.

Acerca de El Puerto, incluye las diligencias abiertas por la Fiscalía Anticorrupción contra el alcalde, Enrique Moreno (PP), para determinar si financió su campaña electoral con dinero recibido a cambio de desarrollar un proyecto inmobiliario ligado a un campo de fútbol. Este caso fue archivado por falta de pruebas. El informe también apunta las diligencias abiertas contra el ex alcalde portuense, Hernán Díaz, y el ex concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, por no haber tomado medidas contra las supuestas viviendas ilegales del Pinar de Coig. Recoge que dos sentencias han anulado la modificación del PGOU que permitieron la construcción de Golf El Puerto y que tanto el Ayuntamiento como la Junta apoyan su legalización. Sobre la localidad portuense también señala que la Fiscalía de Medio Ambiente «ha denunciado cerca de 1150 casos de concesión de licencias de obra nueva falsas para lograr la prescripción de irregularidades urbanísticas».

Chipiona

El informe recoge que la ex alcaldesa socialista de Chipiona, Dolores Reyes, fue condenada en febrero a seis meses de prisión y siete años de inhabilitación por la concesión de una licencia para construir una nave industrial en suelo «especialmente protegido». Los conservacionistas apuntan que el Tribunal Supremo ha declarado ilegalizable el hotel Antonio de Tarifa por invadir servidumbres protegidas. También asegura que el proyecto de Las Aletas vulnera la Ley de Costas.