El TSJA archiva la causa contra Pelayo en el caso de los Huertos de Ocio

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha archivado la causa contra la presidenta del Partido Popular de Jerez, María José García-Pelayo, dentro del procedimiento por el caso de los Huertos de Ocio. El auto, dictado por el magistrado Jerónimo Garvín y al que este periódico ha tenido acceso, dispone el sobreseimiento provisional de las actuaciones emprendidas en relación con García-Pelayo, ante un supuesto delito de prevaricación administrativa.

Como se recuerda en el documento, las diligencias se abrieron a raíz de un informe del Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez, en el que se apuntaba a la existencia de «indicios racionales de criminalidad» en la actuación de García-Pelayo, que ostentaba la Alcaldía de la ciudad y la presidencia del Consejo de Gestión de la GMU cuando se dio luz verde a la expropiación de los huertos. El magistrado del TSJA, sin embargo, alega ahora que «la imputada no participó en la adopción de la decisión política» de permutar esos terrenos, como tampoco «intervino en la decisión de desalojar a los poseedores».

Es decir, el Tribunal exime de toda culpa a la por entonces primera edil jerezana, argumentando que «desconocía la verdadera significación del contenido de los acuerdos que se adoptaban». Así, el auto hace referencia de forma expresa a Pedro Pacheco como la persona que verdaderamente manejaba la información, de la que la popular afirmó en su momento no albergar ninguna duda sobre su legalidad, como se lo garantizaban los técnicos.

Tras el conocimiento de la decisión judicial, la presidenta del PP mostró su satisfacción ayer resaltando que la Justicia le ha dado la razón, al confirmar que «no había voluntad de incumplir la legislación». Su partido fue más allá instando incluso a todos aquellos que «han puesto en duda la honorabilidad de García-Pelayo a que rectifiquen públicamente».

«Ella sabía lo que hacía»

El abogado que defiende los intereses de los parcelistas, Francisco Pérez Vera, confirmó ayer que recurrirá el auto porque «nosotros sabemos que ella conocía lo que estaba haciendo». El letrado recordó las reuniones mantenidas entre la aludida y el grupo de afectados, aseverando que «aunque ella ahora no lo recuerde, hay al menos 20 personas que sí lo hacen».

De igual forma, puntualizó que el primer acuerdo de ratificación del convenio se realizó con la ausencia de informes favorables, pero aún así la antigua presidenta de la GMU le dio el visto bueno «porque había un pacto que obligaba». Los arrendatarios, por su parte, mostraron su sorpresa e indignación aunque aseguraron confiar en que la Justicia «ponga las cosas en su sitio».