El juez ve «suficientes indicios» para sentar a Camps ante un jurado popular por cohecho

El magistrado de la rama valenciana del caso Gürtel, José Flors, considera que existen «suficientes indicios racionales» para sentar en el banquillo al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y a tres de sus más cercanos colaboradores, acusados de «cohecho pasivo impropio». El instructor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) rechazó ayer el sobreseimiento y archivo de la causa que reclamaban las defensas del presidente autonómico y los otros tres imputados e inició los trámites para que los acusados sean juzgados por un jurado, tal y como establece la ley para el delito de cohecho.

El tribunal valenciano, tras los últimos informes de los servicios antiblanqueo de la Policía Nacional, afirma que es una «realidad muy probable» que Camps, el secretario general del PP valenciano y portavoz en las Cortes autonómicas, Ricardo Costa, el ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo Rafael Betoret, y el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, recibieron de la trama corrupta diferentes trajes, sin que hayan podido probar en ningún caso que «abonaran su precio directa o indirectamente al establecimiento vendedor». Afirma la resolución que, al contrario de lo que sostienen los imputados, los indicios apuntan a que esos regalos eran «satisfechos» por la trama de empresas que lideraba Correa.

El instructor recuerda que el Gobierno autonómico adjudicó entre 2005 y principios de 2009 no menos de seis millones de euros a Orange Market, la filial valenciana de Correa. Pero Flors niega que haya pruebas para afirmar que estos contratos fueron adjudicados gracias a los trajes. «No existe constancia de ninguna relación directa entre el pago de las prendas de vestir con las que fueron obsequiados (los imputados) y los concretos actos de contratación por las autoridades y los funcionarios de la administración», afirma el magistrado, quien recalca que «no hay constancia de que los agasajos fueran la causa de esa concreta adjudicación».

Por ello, el instructor apunta que los cuatro imputados habrían incurrido en el más leve de los cohechos que figuran en el Código Penal, el del artículo 426: «La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses». De haber determinado el magistrado que los contratos fueron a cambio de los trajes, podría haberles imputado el tipo penal más agravado, castigado con hasta tres años de cárcel y quince años de inhabilitación.

Flors, en el auto dictado ayer, sostiene que esos trajes son indicios bastante sólidos para «poner fin» a las diligencias previas, en las que se trataba de determinar si se había producido un delito, y abre acto seguido un procedimiento penal por un ilícito de cohecho.

«Serie de ropa»

En su auto, el instructor recuerda cómo y cuándo los cuatro imputados se dejaron regalar con trajes de las tiendas de ropa madrileñas Milano y Forever Young. Y cómo esta lluvia de dádivas empezó en enero de 2005, coincidiendo con la primera adjudicación a Orange Market del stand valenciano en FITUR. Fue cuando el responsable de esta empresa, Álvaro Pérez, El Bigotes, se presentó en Milano acompañado de Betoret al grito de «vamos a hacerle una serie de ropa a este señor». El jefe de gabinete se llevó trajes, abrigo y americanas a medida por valor de más de 2.600. Siempre en 2005, el sastre de Milano, José Tomás, se fue a Valencia para tomar medidas a Costa en su despacho del PP. Los trajes fueron 2.400 euros. Al día siguiente hizo lo propio con Campos, a «quien le exhibió un muestrario de telas» bajo la supervisión de El Bigotes. Otros 4.850 euros. Y así otras múltiples anotaciones hasta el pasado verano.

Relata el instructor que Camps cayó en las redes de El Bigotes a principios de 2006. «Por indicación» de Pérez, el presidente se fue a Milano. Los cuatro primeros trajes fueron devueltos porque «no le venían bien». Luego, cuando Tomás se trasladó a Forever Young volvió a encargar otros cuatro trajes a medida en noviembre de 2006 por valor de 2.880 euros. «No existe constancia de que su precio fuera abonado en caja y en metálico en el momento de recoger cada uno de aquellos trajes, como afirmó Camps en su declaración», apunta José Flors, quien tampoco cree al presidente cuando señala que pagó en metálico en la primavera de 2007 unos zapatos y un par de americanas. El juez, sin embargo, no cree probado que cuatro caras corbatas, un esmoquin y un frac, supuestamente encargados por Pérez para el jefe del ejecutivo, terminaran en manos de Francisco Camps.

Recursos

La decisión del magistrado Flors de seguir adelante con el proceso contra Camps y sus colaboradores puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Camps y Costa anunciaron que apelarán el auto. Lo mismo harán, según fuentes del PP, las defensas de Betoret y Campos.

Mientras la sala estudia esos recursos, la semana próxima los cuatro imputados, acompañados de abogados, volverán a la sede del tribunal superior para la celebración de una vista preliminar en la que se les comunicará, según establece el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, las imputaciones «concretas».

En esa sesión, las acusaciones, incluida la Fiscalía, calificarán los hechos y las defensas, además de alegar lo que crean oportuno, podrán solicitar de nuevo el sobreseimiento de las actuaciones.

Fuentes judiciales desvelaron ayer que, en la decisión de Flors de abrir un procedimiento penal y dar por terminadas las diligencias previas, han pesado los nuevos informes entregados por la Brigada Policial contra la Delincuencia Económica y el Blanqueo de Capitales sobre los regalos al presidente de la Generalitat y el resto de imputados.

L a decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia sobre Francisco Camps nos devuelve al debate de las responsabilidades en democracia. Esta discusión se presenta en muchas ocasiones de forma confusa, algo que contribuye a frustrar muchas expectativas. La pregunta más sugerente que puede hacerse es ante quién es responsable el presidente de la Generalitat Valenciana. Para responder, tenemos que saber primero de qué tipo de responsabilidades hablamos. Si nos referimos a las jurídicas, en este caso Francisco Camps es responsable ante el poder judicial. Sólo los jueces pueden decretar la culpabilidad o inocencia, con sus consiguientes sanciones civiles y penales, si es que procede. En definitiva, es un tipo de responsabilidad sencilla en la que las partes conocen las reglas del juego. El único peligro radica en que el poder judicial no sea neutral y decida beneficiar a alguna de las partes, saltándose los criterios jurídicos.

En cambio, las responsabilidades políticas implican procesos más complejos, que no confusos. Los políticos son responsables ante dos electorados distintos: los ciudadanos y sus compañeros de partido. A ambos grupos deberán dar explicaciones de sus actuaciones y las consecuencias serán las mismas si no convencen a alguno de ellos: perderán su apoyo.

Pero esto no significa que pierdan el poder. Así, nos podemos encontrar políticos que no gozan de la total simpatía de sus correligionarios pero que, al ganar elecciones, gobiernan ayuntamientos y comunidades autónomas. Y lo mismo puede suceder con el electorado. A modo de ejemplo, el Informe sobre la Democracia 2008 de la Fundación Alternativas analiza 133 municipios implicados en casos de corrupción: mientras el 70% de los partidos gobernantes perdió votos, el 70,7% de los alcaldes continuó en el poder.

Las pérdidas electorales no fueron suficientes como para desalojarlos de los ayuntamientos. Esto no quiere decir que la corrupción salga gratis. Si un partido está en la oposición y no es capaz de atajar los problemas de corrupción, su vuelta al gobierno será difícil.

Una parte relevante del electorado no confiará en él. Aunque Mariano Rajoy salve en el corto plazo sus problemas de liderazgo apoyando a Camps, en el medio plazo será difícil que alcance el poder, algo que beneficiará a sus enemigos internos.