Caos en el diálogo social

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quiere ganar tiempo para reencauzar el diálogo social (ámbito de debate y negociación entre el Ejecutivo, las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CC OO y UGT) tras el estrepitoso fracaso de la reunión tripartita del pasado día 2. Entonces, CEOE recuperó viejas demandas y reclamó el abaratamiento del despido y la reducción en cinco puntos de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, algo inadmisible para los sindicatos y, en las actuales circunstancias, también para el Ejecutivo, sobre todo cuando los interlocutores se habían comprometido a no provocar «diferencias insalvables» y «generar confianza, tranquilidad y reducir la incertidumbre social», según lamentaron fuentes de Moncloa.

Consciente de la necesidad de acuerdo, el Gobierno ha cambiado la estrategia negociadora. Así, canceló la reunión prevista para ayer y, en busca de algún acercamiento, optó por contactos bilaterales (Ejecutivo-patronales y Ejecutivo-sindicatos) hasta que los ánimos se serenen y sea posible salir airosos de un nuevo encuentro tripartito. Miembros próximos a la negociación, advierten de que de lo contrario, sólo quedan dos posibilidades: «Que no haya acuerdo o que el Gobierno lo firme con quien sea posible».

Mientras tanto, CEOE insiste en que los empresarios no están dispuestos a pagar cualquier precio por el pacto y reiteran sus reivindicaciones; Cepyme asegura que «no entiende nada» y que «no comparte la actitud de la patronal de las grandes empresas»; y los sindicatos ven «injerencias políticas» y piden la intervención directa y urgente de Rodríguez Zapatero. CC OO y UGT sospechan que CEOE se ha unido al PP e, incluso, a CiU contra el presidente del Gobierno. A su juicio, conseguir la firma de un pacto social podría considerarse «un balón de oxígeno» para el jefe del Ejecutivo, que se sentiría respaldado por empresarios y sindicatos al defender en el Parlamento el proyecto de la Ley de Presupuestos de 2010.

Por otro lado, llueven las declaraciones. La vicepresidenta segunda, Elena Salgado, desde Bruselas, dijo que las «líneas rojas» para el Gabinete son precisamente la rebaja del coste del despido y de las cotizaciones sociales. Pero lejos del pesimismo, se mostró segura de que habrá acuerdo entre patronales y sindicatos. «Lo que hace falta es trabajarlo», añadió.

Quiebra

El titular de Trabajo, Celestino Corbacho, en RNE, explicó que la reducción ahora de las cuotas en cinco puntos llevaría a la quiebra del sistema público de protección. Como prueba de su tesis dio números. Señaló que cada punto de rebaja supone 3.500 millones de euros, pero no cerró la puerta a un descenso «progresivo» de las cotizaciones, siempre que no se ponga en peligro la Seguridad Social. Es más, se inclinó por «explorarlo». «Veamos los márgenes de maniobra a corto, medio y largo plazo», dijo, porque todo lo que permita bajar los costes de producción ayudará a la competitividad de las empresas.

Y desde las filas del PP y de CiU se desmiente el pacto político denunciado por los sindicatos. El diputado popular Ignacio Echaniz remarcó que su grupo «no se casa con nadie» y culpó al Gobierno de no saber liderar la aproximación entre los interlocutores sociales. Carles Campuzano, de CiU, se expresó en términos similares. Acusó al Ejecutivo de jugar con «incentivos inadecuados».