Los dueños de Garoña creen irreversible su cierre aunque el PP llegue al Gobierno

La decisión del Gobierno de cerrar la central nuclear de Garoña dentro de cuatro años, el 6 de julio de 2013, ha generado un agrio debate en el que se cruzan opiniones abiertamente enfrentadas. El anuncio realizado por el presidente del PP, Mariano Rajoy, de que anulará la clausura si su partido gana las elecciones generales de 2012 ha aumentado aún más la controversia provocada por este espinoso asunto. Aunque habrá que esperar a hoy para conocer más detalles del proceso, los propietarios de la planta burgalesa -Iberdrola y Endesa al 50% a través de Nuclenor- ya mantienen la tesis de que el cese de la actividad de esas instalaciones en 2013 es algo «irreversible».

La clave en torno al futuro de Garoña no va a estar tanto en si un Gobierno de distinto color podrá dar marcha atrás al plan de cierre, como en la orden ministerial que lo concreta y que hoy será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Fuentes del sector eléctrico consultadas aseguran que «va a haber un margen muy estrecho de actuación» en este asunto. Explican los citados medios que previsiblemente el Gobierno concretará, en ese documento o posteriormente, un calendario detallado y estricto de medidas a aplicar para garantizar que su decisión sea la que se lleve finalmente a efecto.

Si eso es así será «imposible» evitar la clausura en 2013. Las actuaciones a desarrollar podrían hacer casi imposible que la central fuera operativa a partir de 2013. En ese escenario, el hecho de que el PP llegue al Gobierno en 2012 sería absolutamente irrelevante en este caso.

Advertencia

Evidentemente, a Nuclenor no le quedará más remedio que aplicar las medidas diseñadas por el Gobierno. Ayer se conoció que la orden ministerial advierte de que la autorización de prórroga de Garoña hasta 2013 podría quedar sin efecto si su propietario incumple los límites y condiciones exigidas por el Gobierno, entre ellas la seguridad. «El titular de la explotación no podrá realizar modificaciones y propuestas de actuación que impidan o dificulten el cese definitivo de la explotación en la fecha establecida», puntualiza el documento.

En ese contexto, Nuclenor se prepara para analizar con sumo detalle la resolución ministerial, en la búsqueda el más mínimo resquicio. Tras ello, la sociedad propietaria de Garoña y controlada por Iberdrola y Endesa tiene previsto reunir a su consejo el próximo miércoles para estudiar las medidas de carácter legal que adoptará la empresa para defender sus intereses ante lo que considera una «irresponsabilidad».

El Gobierno ya ha telegrafiado en varias ocasiones la tesis de que el cierre de la central nuclear ubicada en el Valle de Tobalina no tiene marcha atrás. El primero en hacerlo fue el ministro de Industria. Miguel Sebastián advirtió el miércoles de que la orden ministerial recogerá las disposiciones necesarias para lograr la irreversibilidad del cierre a pesar de que otro Ejecutivo la anulara con otra del mismo rango. Algo que, por cierto, es perfectamente factible al no existir mecanismos de blindaje jurídico que lo impida.

En cada relevo en el Palacio de la Moncloa decenas de órdenes ministeriales del Gabinete saliente sobre infinidad de cuestiones decaen, anuladas por el nuevo equipo. A veces, incluso aunque el Gobierno entrante sea del mismo partido que el anterior.

La propia vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, insistió ayer en esa misma idea. Aseguró que el anuncio efectuado el jueves por el Gobierno no es de renovación de la explotación de la central burgalesa, sino de «cese definitivo de la actividad», que incluye medidas previas que garanticen el cumplimiento del plazo fijado.

Algo inimaginable

La vicepresidenta no se quedó ahí y afirmó que al Ejecutivo le resultaría inconcebible que un Gobierno de otro color político, surgido de las elecciones generales de 2012, pudiera dar marcha atrás a la decisión de cerrar Garoña el 6 de julio de 2013. «No me es imaginable que nadie de forma responsable piense cambiar eso», dijo Fernández de la Vega. «No sería responsable», repitió después de que el Consejo de Ministros diera el visto bueno a la resolución que pone fecha de caducidad a la central burgalesa y al futuro plan de reactivación industrial del área afectada.

Respondía así a la insinuación del líder del PP sobre una posible nueva prórroga si ganara los próximos comicios generales. «Ya sabemos que a Rajoy no le gusta nada de lo que haga el Gobierno», replicó.

Para el Gobierno, el «cese definitivo de la actividad» de Garoña no tiene vuelta de hoja y es «irreversible», a juicio de la número dos, que cree que lo contrario «jurídicamente no sería admisible».

El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero confía en que dentro de cuatro años la situación de facto en el entorno de Garoña sea tal que a nadie se le pase por la cabeza anular la orden de cierre, por innecesario y hasta contraproducente. «Tomaremos medidas previas para garantizar que el plazo de funcionamiento sea ése», recalcó Fernández de la Vega.

Fernández de la Vega defendió que la prórroga de cuatro años, y no dos en coherencia con el programa electoral del PSOE, es una decisión «meditada y razonable», que da tiempo a desplegar una alternativa para el Valle de Tobalina y comarcas próximas y recolocar «a todos y cada uno» de los trabajadores hoy dependientes de la central, un millar entre empleos directos (unos 350) e indirectos. Y proporciona margen, añadió, para buscar una solución al «problema de gestión de los residuos de las centrales nucleares».

Para 2013 debieran estar ya en marcha, si no todas, sí las principales actuaciones del plan de reactivación industrial de la zona. De momento, sus enunciados caben en un post it.

Almacén de residuos

El Gobierno aún no ha tomado una decisión sobre la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para el combustible gastado de todo el parque nuclear español, aunque el ministro de Industria, Miguel Sebastián, recalcó la víspera que se trata de un tema «independiente» del futuro de Garoña.

Por su parte, el lehendakari, Patxi López, consideró ayer «acertada» la decisión del Gobierno y explicó que existe «tiempo suficiente» antes de su cierre como «para poder tener una alternativa de generación de empleo y de riqueza para esa zona». Añadió que el Ejecutivo ha actuado «de manera muy prudente» y reiteró que su decisión ha sido «muy inteligente».