Diálogo en crisis

E l diálogo social ha vuelto ha embarrancar tras intensificarse las divergencias entre patronal y sindicatos, y las discordancias entre éstos y el Gobierno, en aspectos tan relevantes como el coste del despido, la eventual rebaja de las cotizaciones sociales y la extensión de la cobertura para los parados sin prestación. El retroceso con que acabó la reunión celebrada el jueves constituye, sin duda, un preocupante revés que precisa ser reconducido a la mayor prontitud posible. No obstante, y aunque el último bache se haya atribuido a nuevas discrepancias, la falta de avances tangibles desde que hace un año todas las partes concernidas ofrecieran una imagen de concertación para hacer frente a la crisis refleja la ineficacia con que se están desarrollando las negociaciones entre el Ejecutivo y los distintos agentes económicos; una ineficiencia que está relacionada con el modo deslavazado y la limitación de objetivos con que se han planteando los contactos, sin que ello haya redundado tampoco en el logro de un pacto de mínimos ante un ciclo recesivo que requeriría, de partida, una mayor convicción en la posibilidad de alcanzar un consenso.

Las diferencias han venido focalizándose en torno a la propuesta de la patronal para establecer un nuevo 'contrato de crisis' y aligerar los costes del despido. El acelerado repunte que ha sufrido el paro en nuestro país y la multiplicación de los ERE desde que las dificultades estallaron en toda su virulencia apuntarían a la existencia de problemas y rigideces en el mercado laboral más amplias y profundas que las que tendrían que ver con el abaratamiento de las indemnizaciones por la pérdida del puesto de trabajo. Pero la identificación simplista con el abaratamiento del despido de cualquier planteamiento de reforma de ese marco laboral, como la apuesta por un único contrato con un despido de cuantía escalonada en función de la antigüedad, entorpece no ya la búsqueda de soluciones al declive del empleo, sino el diagnóstico compartido de los lastres que le afectan y, singularmente, de su limitada productividad. Desoír el criterio de voces autorizadas como la del comisario Almunia, que cree precisos cambios estructurales para combatir tanto la precariedad como la temporalidad, supone posponer un debate necesario. También debe tener el contenido suficiente para ir sentando las bases que ayuden, o al menos que no ralenticen, a la esperada recuperación.