Zapatero prorroga la vida de Garoña hasta 2013

La central de Santa María de Garoña vivirá cuatro años más, hasta 2013, y se convertirá en la primera nuclear española que superará los 40 años de vida para los que fue diseñada. El Gobierno le concede una prórroga con sabor a componenda de última hora. José Luis Rodríguez Zapatero admitió ayer que la decisión no contenta a nadie -«será criticada desde un lado y desde el otro», afirmó-, pero es «equilibrada, responsable y la que conviene al país».

El veredicto supone una derrota de la opción que él mismo ha defendido hasta última hora, el cierre en 2011, cuando la central más antigua del parque español cumple cuatro décadas. Esa fecha se ajustaría al compromiso electoral del PSOE y del propio presidente de cierre ordenado al final de la vida útil; la de 2013, no. Representa, además, un triunfo relativo de Miguel Sebastián. Partidario de la prórroga máxima de diez años pedida por la propietaria, Nuclenor (Endesa e Iberdrola al 50%), el ministro de Industria ha logrado arañar dos más a los que pensaba conceder Rodríguez Zapatero.

La decisión ha estado precedida de una polémica política y social, incluso en el Gobierno y en el PSOE, donde la voz no ha sido unánime. Esta decisión anunciada ayer por el Ejecutivo, que ha agotado casi el tiempo que tenía para hacerla pública (hasta el domingo), no ha contentado ni a las organizaciones ecologistas, que pedían el cierre inmediato, ni a la empresa Nuclenor, propietaria de Garoña, ni a sus trabajadores, que habían solicitado una prórroga de diez años. El pasado 5 de junio, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) concluyó su informe sobre la planta, que avalaba la prórroga por diez años con condiciones.

Compensaciones

La aprobación de la prórroga parcial vendrá acompañado de un plan industrial y de infraestructuras alternativo para el Valle de Tobalina y comarcas aledañas destinado a absorber a medio y largo plazo el millar de empleos que genera hoy Garoña entre directos e indirectos.

Ese plan aún no tiene dotación económica ni existe más que en líneas muy generales. Incluirá algún tipo de «actividad energética», turismo y compensaciones directas a los ayuntamientos más afectados por el fin de Garoña. Esa zona del norte burgalés está entre las autorizadas por la UE para recibir subvenciones directas a fondo perdido y el ministro de Trabajo dejó caer la cifra de unos 100 millones de euros por ese concepto. «Empezamos ya a trabajar», afirmó Celestino Corbacho.

Corbacho y Sebastián fueron los encargados de explicar a media tarde una decisión que «no ha sido fácil», dijo el titular de Industria. En ella han pesado más que nada consideraciones laborales. La prórroga de dos años y clausura en 2011 defendidas por el presidente no ofrecían, explicó, margen suficiente para diseñar y activar ese plan industrial capaz de dar trabajo a «todos y cada uno de los trabajadores de la central, directos e indirectos». «Necesitábamos más tiempo», añadió Sebastián, que apeló también a la crisis económica como factor decisivo.

Y han pesado también criterios electorales, según fuentes de la dirección socialista. Una prórroga de cuatro años podría facilitar el trance de las elecciones municipales de 2011 y las generales de 2012. Queda tiempo, pero hay nubarrones que preocupan a Ferraz.

Garoña se desenchufará de la red eléctrica el 5 de julio de 2013. La orden ministerial que prepara Industria especificará, dijo el ministro, los pasos técnicos y también «las inversiones que aún son necesarias» para garantizar la seguridad en la central más vieja de España.

Decisión ¿reversible?

Pero en 2013 quizá haya un Gobierno de distinto color político. ¿Podría revertir la decisión de cierre y permitir seguir operando a la planta? «Ese escenario no está contemplado en la orden ministerial», repitió Sebastián las tres veces que fue preguntado. En realidad sí, una orden ministerial puede quedar anulada por otra decisión de igual rango, al margen de consideraciones técnicas derivadas del apagón de una central.

Si Garoña se cierra en 2013, el coste en términos económicos y energéticos será «prácticamente nulo», dijo el titular de Industria. Y no habrá que indemnizar a los propietarios, que han anunciado recursos y peticiones millonarias por lucro cesante, dado que no hay obligación ni compromiso jurídico alguno por parte del Ejecutivo. Sólo a éste corresponde renovar o no el permiso de una central y fijar el plazo para el cierre, salvo que lo ordene el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por riesgo manifiesto para la seguridad.

Endesa e Iberdrola «son libres de acudir a los tribunales», precisó el ministro, pero quiso tranquilizar al 'lobby' nuclear con el anuncio de que el resto de las centrales españolas renovarán sin problema sus licencias de explotación por diez años cuando venzan las actuales en 2010, 2011 y años sucesivos. Los otros siete reactores nucleares son bastante más jóvenes que Garoña y podrán agotar su vida útil «al menos hasta los 40 años si lo permiten las condiciones técnicas», recalcó Sebastián.

En una comparecencia multitudinaria, el ministro sostuvo que prorrogar por cuatro años la vida de la central burgalesa hasta cumplir 42 años, dos más de los 40 de diseño que aún hoy defendía Rodríguez Zapatero en una entrevista en Radio Nacional, es una «interpretación razonable» del compromiso electoral socialista. En su programa, el PSOE anuncia el cierre ordenado de las centrales nucleares al término de su vida útil. La energía nuclear es hoy «imprescindible» para España, aunque la apuesta de futuro son las renovables, aseguró.

La decisión fue comunicada a los trabajadores de Garoña, a los alcaldes de la zona, los sindicatos, la patronal, los grupos parlamentarios y el CSN. Hoy, los ministros de Industria y Trabajo elevarán la cuestión al Consejo de Ministros. «Ha sido una decisión de todo el Gobierno, con la que todo el Gobierno está plenamente de acuerdo», remachó Sebastián.