«Que no dejen aquí el uranio e inviertan fuera»

El alcalde de Valle de Tobalina, Rafael González, a duras penas podía contener su indignación. «Cerrar una central no es como cerrar una casa, porque en la planta quedan muchos residuos, muchas toneladas de uranio. No vamos a consentir que nos dejen el uranio y las inversiones las hagan en otra parte», clamaba ayer el primer edil del municipio donde se encuentra la central burgalesa de Santa María de Garoña.

A su juicio, «lo adecuado sería mantenerla diez años más», tal y como sugirió hace unas semanas el Consejo de Seguridad Nacional. Aún no ha recibido ningún comunicado oficial del Ejecutivo, pero ya adelanta que «tomará las medidas necesarias» para evitar que salga adelante el proyecto. «Es algo inaudito y un desprecio total hacia las zonas rurales», protestó. El comité de empresa de Santa María de Garoña, por su parte, ha anunciado movilizaciones en contra del proyecto. Están convencidos de que el cierre responde a una decisión política y no técnica, y recordaron que así lo ha reconocido el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado.

A día de hoy, la prioridad del comité es mantener los puestos de trabajo de la central. «El Gobierno está invitándonos a la huelga, tanto a nosotros como a las demás centrales nucleares», advirtieron. Y la única razón que lo ha evitado, añadieron, es «la responsabilidad de utilidad pública». La patronal de Castilla y León, por su parte, califica la decisión gubernamental de «insensata, incongruente y dogmática». Según sus cálculos, va a suponer la pérdida de 600 empleos directos y otros 1.000 indirectos, Como excepción, sólo el PSOE de Castilla y León ha defendido la opción de Zapatero, en contra del criterio de la propia Junta, que la considera «catastrófica». A la vista de este panorama, las Cámaras de Comercio proponen como solución construir «Garoña 2». Para justificar esa medida, explican que «la nueva central, construida con técnicas de cuarta generación, podría llegar a aportar 1.600 megavatios», una potencia muy superior a la que genera la planta actual (400 MW). En medio de todo este debate, los alcaldes y concejales de los municipios del entorno dudan de la eficacia del plan industrial en el actual momento de crisis económica. Temen que el periodo de cuatro años no baste para recolocar a los trabajadores en empresas alternativas.