Ecologistas temen que empiecen a caducar los expedientes de viviendas ilegales

Ecologistas en Acción (EA) ha denunciado la parálisis de los principales casos urbanísticos que el colectivo ha llevado a la justicia en los últimos años, especialmente los de las construcciones ilegales en Pinar del Coig y El Barranco. Según Enrique Bartolomé, abogado de EA, estos retrasos podrían terminar con la prescripción de los posibles delitos. Juan Clavero, portavoz del movimiento, expresó su «preocupación» porque «casos tan simples y tan documentados estén tan parados después de que incluso hayan declarado testigos e imputados». En este sentido, Clavero calificó de «escándalo único en Andalucía» el hecho de que «existan urbanizaciones ilegales en un sistema general de espacios libres protegidos (Pinar de Coig) y en una reserva natural (El Barranco)».

En el caso de Pinar del Coig, Bartolomé explicó que el fiscal de Medio Ambiente acusó al ex alcalde Hernán Díaz, a los ex ediles de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez y Pedro Alamillos, de prevaricación, y al propietario de los terrenos, José Pinto de un delito contra la ordenación del territorio. Pese a que llegó al juzgado el 31 de marzo de 2005, el caso permanece estancado desde el 3 de julio de 2008, cuando un auto de la jueza terminó con las diligencias previas y se abrió un procedimiento abreviado. Además, lamentan que «no se nos notificó el escrito de acusación y defensa de las partes».

Para los ecologistas, el caso de El Barranco es «más sangrante» debido a que el colectivo denunció directamente en el juzgado a los mismos responsables políticos en octubre de 2006. Aunque «al principio todo fue rápido» al abrirse diligencias previas, después de que los imputados declararan, en diciembre de 2007 se empantanó, ya que el fiscal solicitó un informe al Ayuntamiento y otro a la Policía Autonómica que aún no se han entregado, pese a un requerimiento del juzgado que data de diciembre de 2007.

Tanto Bartolomé como Juan Clavero afirmaron estar sufriendo «presiones» encaminadas a hacerles abandonar sus denuncias, que en el caso del letrado llegan a «sabotajes a mi despacho profesional y a amenazas de todo tipo».