El Supremo avala la legalidad del temario de Educación para la Ciudadanía de Andalucía

El temario de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) en la comunidad andaluza se ajusta a la legalidad y no incurre en adoctrinamiento. Lo dice el Tribunal Supremo en una sentencia difundida ayer que contradice y anula un fallo anterior, de abril del 2008, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El Supremo estima así los argumentos del recurso de casación interpuesto por la Fiscalía, la Junta de Andalucía y la Abogacía del Estado contra el fallo del TSJA, y restituye a los contenidos de la materia algunas expresiones retiradas por la corte andaluza al considerarlas 'doctrinarias'.

Ahora la sentencia del alto tribunal lo niega y deja sin efecto el pronunciamiento del Superior andaluz. Es la segunda vez que el Supremo sale en defensa de Educación para la Ciudadanía de resultas de otras tantas sentencias negativas del TSJA; primero contra la legalidad de la propia asignatura, y ahora de sus contenidos curriculares. También descartó en su día que exista el derecho a la objeción de conciencia para no cursar la materia.

Retirada de párrafos

La Sala, presidida por el magistrado ponente de la sentencia, Ramón Trillo Torres, respalda «la legalidad» de las normas que «disciplinan la asignatura en Andalucía». Recuerda, eso sí, que «tanto los proyectos educativos de cada centro, como los textos empleados y la actividad docente referida a la asignatura deben eludir cualquier intento de adoctrinamiento en la exposición de los contenidos que han de reflejar con objetividad el pluralismo social existente».

En su sentencia de abril de 2008, el TSJA consideró que los contenidos de la asignatura de EpC en esta comunidad se extralimitaban y caían en el adoctrinamiento ideológico. En su sentencia, ordenó suprimir de los temarios diseñados por la consejería de Educación expresiones como «la educación ha de atender al respeto de las diversas opciones vitales de las personas y los grupos sociales, desarrollando la sensibilidad y la actitud crítica hacia estereotipos racistas, xenófobos, machistas y homófobos». La sentencia del Tribunal Supremo deja sin efecto la retirada de éste y otros párrafos de similar tenor, censurados por el Superior de Justicia de Andalucía.

Además asegura que la decisión del TSJA no puede aceptarse, pues tanto la normativa reglamentaria estatal como la autonómica se han dictado en desarrollo de la Ley Orgánica de Educación, cuya constitucionalidad «no ha cuestionado» esta sala.

Antonio del Castillo , el padre de la joven desaparecida y asesinada en la noche del 24 al 25 de enero pasados Marta del Castillo , consideró ayer «un alivio muy grande» que el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla haya denegado la petición de libertad provisional de Samuel B.P., lo que calificó de «vuelta a la cordura» tras la puesta en libertad de Francisco Javier.

En declaraciones, del Castillo subrayó que la decisión adoptada por el juez Francisco de Asís Molina, notificada en el día de ayer a todas las partes personadas en este proceso, «supone un alivio bastante grande, pues significa que se está volviendo a la razón y a la cordura». En este sentido, el padre de Marta del Castillo recordó que Samuel «lo declaró todo en un principio con pelos y señales», pero «a los pocos días, cuando Miguel Carcaño cambió su versión, él también cambió la suya», algo que, a su juicio, «denota que estaba mintiendo y que tenía algo que ver».

Al hilo de ello, aseguró que la decisión adoptada por el juez encargado de investigar el caso «supone un punto y aparte y una buena noticia», destacando en este punto que Francisco de Asís Molina «está llevando muy bien el caso y se está dejando la piel en él». «Hemos tenido suerte con la denegación de la libertad», aseveró. Por último, Antonio del Castillo señaló que, en el caso de que Samuel hubiera obtenido la libertad, «hubiera sido demoledor», y puso de manifiesto que, si hubiera dependido de él, «no hubiera salido ninguno de los imputados de la cárcel hasta que no hubieran dicho dónde está mi hija». «Lo que ocurre es que aquí las cosas no funcionan así y todo el mundo tiene más derechos que las víctimas», sentenció.