La nueva Ley de Educación catalana recibirá el 6% del PIB

La ley, que este miércoles ha recibido la luz verde definitiva del pleno del Parlament, crea el Servicio de Educación de Cataluña, integrado tanto por los centros públicos como por los privados concertados, a los que otorga derechos y deberes análogos.

En el ámbito de la escuela pública, se refuerza el poder de las direcciones y se dota de más autonomía a los centros en el terreno organizativo, pedagógico y de gestión de recursos humanos y materiales, una de las novedades más cuestionadas por los sindicatos de docentes, que se han opuesto con contundencia a la ley.

Uno de los puntos más polémicos de la ley es su ambigüedad respecto a los conciertos de los que disfrutan los centros que separan a los niños por razón de sexo, y que suelen corresponderse con centros de elite, ya que, de hecho, la norma permite que éstos se mantengan si así lo decide el gobierno de turno. Este es uno de los aspectos de la ley que ha llevado a ICV a quedarse fuera del acuerdo global al que han llegado PSC, ERC y CiU, además de la puerta que abre la norma a la ampliación de los conciertos a los niveles educativos no obligatorios, como el bachillerato, la FP y la etapa de guardería.

En el terreno de la financiación, la LEC, la primera ley de educación de la que se dota Cataluña, fija como objetivo que en ocho años el gobierno catalán tendrá que invertir en educación el 6% del PIB, frente al 2,7% actual, lo que significa pasar de los más de 6.000 millones de euros de ahora a 13.000 millones.

Con el objetivo de combatir la creación de escuelas guetos debido a la alta concentración de inmigrantes, la ley prevé que la administración establecerá la proporción máxima de alumnos con necesidades específicas que pueden ser escolarizados en cada centro en el momento del acceso a los niveles iniciales de cada etapa. Además, el departamento de Educación podrá autorizar, de manera excepcional, una reducción de las ratios de hasta el 10% para atender mejor las necesidades de estos alumnos, que en muchos casos se incorporan a las aulas una vez iniciado el curso.

El profesorado

La ley también dibuja un marco laboral nuevo en el que desarrollarán su trabajo los docentes y crea un cuerpo propio de la Generalitat de maestros y profesores, a los que se pedirá que además de dominar el catalán y el castellano acrediten un nivel de lenguas extranjeras determinado para poder ejercer en la pública. Además, establece una agencia de evaluación que examinará tanto el rendimiento educativo como la ejecución docente del profesorado y la de la función directiva, y crea la carrera profesional de los docentes.

Respecto a la inmersión lingüística en catalán, la norma blinda y promueve este procedimiento, al tiempo que establece que los padres podrán optar en el momento de la matrícula por instar a que sus hijos reciban atención lingüística individualizada en castellano.