Ana debe pagar

Aire. Ana Torroja andará estos días soñando en ser aire para poder escapar así al interés que sigue despertando el caso del que ella es protagonista y al que se ha bautizado como Relámpago.

Ayer, la ex cantante de Mecano volvía a ser noticia: el juez de Mallorca que instruye la supuesta trama de fraude fiscal, estafas inmobiliarias y blanqueo de capitales que atribuye a la artista, fijó para ella una fianza de 1,8 millones de euros, con el objetivo de cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias que se pudieran derivar de los dos delitos fiscales que se le atribuyen a la artista, valorados en total en unos 655.000 euros.

El primero de los delitos es por una cuota impagada de unos 430.000 euros correspondientes al ejercicio fiscal de 2006 y el otro, de 180.000 euros por el ejercicio de 2007. El Código Penal castiga los delitos fiscales con penas de prisión que van de uno a cuatro años, y también multas de hasta el séxtuplo de la cantidad defraudada.

Ana Torroja compareció el pasado día 18 de junio en el juzgado de instrucción número 7 de Mallorca, pero se acogió a su derecho constitucional de no declarar. Gabriel Feliu, su antiguo abogado, que también está imputado en la trama, decidió hacer lo mismo.

Torroja debía haber explicado ante el juez las supuestas relaciones de su empresa, denominada Carlitos Way (creada en 2004 para dar servicios a restaurantes), con el despacho Feliu, ya que, al parecer y según las investigaciones que existen, sería el cerebro de una trama millonario de fraude fiscal.

Torroja, que continúa en silencio, abandonó el juzgado acompañada de su actual abogado, Ildefonso González-Grano de Oro, sin hacer tampoco ninguna declaración a los medios de comunicación que esperaban ansiosos a la cantante y que se agolpaban a las puertas del juzgado.

Pero ella se apresuró a subirse a un taxi y sólo dejó a los periodistas y cámaras la única opción de retratarla con su camisa blanca y vaqueros, tapados los ojos con unas enormes gafas de sol.

Ante el juez, todos los clientes del despacho imputados, incluida la propia cantante, según afirmaciones hechas por su abogado, han alegado en su defensa que tienen su residencia fiscal fijada en Gran Bretaña, con lo que así, estarían libres del deber de pagar los impuestos correspondientes en España en lo relativo a sus operaciones inmobiliarias, financieras o sobre su patrimonio.