Zelaya lanza un órdago a Micheletti

A pesar de la unánime condena internacional al golpe, el gobernante de facto de Honduras, Roberto Micheletti, advirtió ayer de que si el presidente constitucional Manuel Zelaya -destituido el domingo- vuelve a su país, será inmediatamente arrestado. «Los tribunales de justicia tienen orden de captura en su contra porque ha incumplido la ley», desafió el mandatario designado por el Congreso.

Micheletti respondió así a la decisión de Zelaya de regresar mañana al país centroamericano y reasumir el gobierno del que fue despojado por las Fuerzas Armadas. Irá acompañado del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y otros mandatarios de la región, entre ellos la presidenta argentina, Cristina Fernández, que se ofreció a acudir en solidaridad con el líder depuesto.

«Con mucho gusto le voy a acompañar», anunció Insulza. Para el chileno, que lidera la organización de países del hemisferio, el presidente hondureño fue derrocado «por un golpe de Estado a la antigua» y advirtió de que «sin reconocimiento legal, sin recursos, sin posibilidad de acudir a organismos internacionales de crédito, sin ser admitido en ninguna organización internacional y sin relación con ningún país, la dictadura no es capaz de sostenerse».

Pero las autoridades ilegítimas no se dan por aludidas. Por el contrario, se manifiestan convencidas de que la ley está de su lado. El canciller nombrado por Micheletti avisó de que sólo se recibirá, eso sí con los brazos abiertos, a la misión de la OEA. El mandatario, destituido el domingo, «no tiene vedado el retorno», desafió el ministro, Enrique Ortez. En cambio, prometió que a Insulza le demostrarán que el nuevo gobierno «respeta la ley y que lo único que hizo fue separar a un presidente por violar sistemáticamente la Constitución».

Mientras tanto, miles de personas se manifestaban en las calles de Tegucigalpa a favor y en contra del presidente derrocado. Diversos medios de comunicación fueron intervenidos por fuerzas militares y su programación fue censurada. Además, los sindicatos de trabajadores llevan a cabo una huelga general desde el lunes. Ese mismo día, fuerzas de seguridad intentaron repeler a activistas armados con palos y piedras que exigían el regreso de Zelaya en contra Micheletti. La manifestación, que terminó con centenares de heridos y detenidos, fue reprimida con gases lacrimógeno y disparos.

Ayer, los militares bloquearon el acceso a la capital a más de 180 autobuses que llegaban con activistas dispuestos a defender al depuesto presidente en Tegucigalpa. «La movilización crece a pesar de la represión», declaró el titular de la Coordinadora de Movimientos Sociales de Honduras, Luther Castillo. Amnistía Internacional pidió a los agentes del orden que se abstengan de usar una fuerza excesiva contra los manifestantes pacíficos.

Otra marcha, mucho más ordenada y sin vigilancia militar, recorrió ayer las calles con los partidarios del mandatario provisional. Con pancartas que expresando su rechazo a Zelaya y a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, los manifestantes exigían que el depuesto dirigente se abstenga de regresar al país.

Condena de la ONU

En una sesión extraordinaria, la Asamblea General de la ONU, presidida por Miguel D'Escoto en Nueva York, condenó ayer el golpe de Estado en Honduras y demandó el «inmediato e incondicional restablecimiento» del gobierno constitucional del destituido presidente Manuel Zelaya.

Mediante una resolución aprobada por aclamación, los países latinoamericanos, Canadá y Estados Unidos hicieron también un «llamamiento firme y categórico a todos los estados miembros» para que ninguno reconozca a otro gobierno que no sea el del mandatario depuesto.

Con esta operación de pinzas, la ONU, como hizo antes la OEA, busca aislar completamente al gobierno cívico militar encabezado por Roberto Micheletti, bajo la vigilancia de las Fuerzas Armadas. Zelaya, presente en la reunión, agradeció el apoyo de todos los países y condenó el golpe como «una barbarie».

E l culebrón Zelaya ha estallado ahora que España conmemora el bicentenario de las independencias latinoamericanas de comienzos del siglo XIX. De manera inesperada reaparece el fantasma del caudillo: el Tirano Banderas. Como el personaje de Valle-Inclán, el golpista Micheletti no da la talla y se encoleriza cuando se le lleva la contraria.

Pero ahí se acaba el parecido. En esta farsa, ni Zelaya ni Micheletti son el villano, sino personajes del establishment algo fuera de lugar. El primero, intentando perpetuarse en el cargo mediante un referéndum de legalidad dudosa. El segundo, ocupando el cargo a punta de pistola. Los dos se han saltado las formas, y ahora el desaguisado se tiene que arreglar desde fuera.

Que el rechazo a la aventura militar hondureña haya puesto de acuerdo a todos -a Chávez y Obama, a Uribe y Lula, a la UE y la ONU, y hasta al Gobierno español y al PP- es algo que tranquiliza, pero que inquieta al mismo tiempo. Porque estos consensos tan amplios y enérgicos siempre esconden algo: de hecho, planes diferentes para Honduras y para la región, tanto en el modelo político como en lo económico. Nadie está hablando 'sólo' de Honduras, al fin y al cabo un olvidado Estado con poco más de siete millones de almas y 4.000 dólares (unos 2.830 euros) de renta.

Tal vez fue la pobreza de su país lo que hace meses llevó a Zelaya a rebautizarse a la ALBA de Chávez. Ahora, la crisis hondureña debería reconvertirse en una buena oportunidad para encontrar en la región un lenguaje común, pragmático, ni ideológico ni testicular, para aunar democracia y desarrollo. La Organización de Estados Americanos (OEA) es la institución clave, en la que España, como influyente miembro observador, puede contribuir a ello. El presidente Zapatero lo ha entendido bien: mucho de la solución pasa por Washington, antiguo profesor del Ejército hondureño y sede de la OEA. Un nuevo test que pondrá a prueba la capacidad de los múltiples foros latinoamericanos para presionar de manera exitosa. Con todos en su contra, Micheletti no tiene futuro.

Pero la alternativa es también incierta, si el Congreso y la Corte Suprema hondureños cierran filas en torno al nuevo presidente hasta las elecciones de noviembre. Así que las sanciones no son la mejor solución para el pueblo hondureño, atrapado entre huracanes y maras. Lo bueno sería que de ésta salgan ganando todos, y entonces ya habría algo que celebrar en el bicentenario.