Garzón pide al Supremo que decida quién debe abrir la fosa de Lorca

El magistrado Baltasar Garzón pidió ayer al Tribunal Supremo que determine qué juzgado es el competente para autorizar o denegar la apertura de la fosa granadina donde podrían yacer los restos del poeta Federico García Lorca. Era un trámite obligado después de que un juez de Granada rechazase hacerse cargo de la causa que le llegó desde la Audiencia Nacional, después de que el instructor decidió inhibirse del sumario abierto para investigar el franquismo y dejarlo en manos de los jueces ordinarios de las zonas en las que hay localizadas fosas comunes.

Se da la paradoja de que la juez de instrucción 3 de Granada, Aurora María Fernández García, rechazó la instrucción de la causa y la devolvió a la Audiencia Nacional porque entiende que su colega Garzón tiene razón: los delitos cometidos sobre las víctimas del franquismo son crímenes contra la Humanidad y porque las desapariciones forzosas que se produjeron en el partido judicial de Granada a partir de 1936 no fueron un hecho aislado, sino que forman parte de un fenómeno delictivo que afectó a todo el país.

La Fiscalía, que siempre se ha opuesto a todo atisbo de 'causa general' contra el franquismo, presentó una queja ante la Audiencia Provincial de Granada, pero este tribunal concluyó que, al no haber aceptado la competencia el juzgado bajo su tutela, carece de competencias para resolver nada en ese sumario. Al serle devuelta la causa, Garzón se vio forzado por ley a elevar el caso al Supremo para que su Sala de lo Penal resuelva el conflicto competencial.

Su resolución marcará el camino de una causa que estaba abocada a encallarse en los tribunales provinciales, en el mejor de los casos, o a morir en el intento por la negativa de muchos jueces a seguir con la instrucción. Desde que el juez Garzón abrió la investigación sobre los desaparecidos en el franquismo, en octubre de 2006, hasta que se inhibió en favor de los juzgados provinciales, la fosa donde podría estar enterrado García Lorca ha estado en el ojo del huracán por su condición de símbolo. La familia del artista se mostró siempre contraria a remover el enterramiento, pero aceptó porque en esa misma fosa descansan los cadáveres del maestro Dióscoro Galindo y el banderillero Francisco Galadí, cuyos familiares sí son partidarios de la exhumación.

La causa que abrió el juez Garzón no sólo afecta a fosas comunes. Otro de los casos documentados que su inhibición hizo llegar a un juzgado de Madrid, y que se encuentra enquistado, es el de los ocho bebés desaparecidos en la maternidad de O'Donell, en Madrid, a principios de los sesenta y que, presuntamente, fueron dados en acogida a familias cercanas al régimen franquista después de simular su fallecimiento. Medio año después, el juez de Instrucción número 23 de la capital no resuelve ni a favor ni en contra de poner en marcha las pesquisas, por lo que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica tiene previsto presentar una denuncia contra su titular ante su «dejación de funciones» para investigar lo sucedido y acudir a la Audiencia Provincial de Madrid para que resuelva la situación.

La misma asociación, por otra parte, insistió ayer en que la decisión de la Sala Penal del Supremo de no admitir su personación en la querella admitida contra el juez Garzón vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva. Además de solicitar ser parte, sus abogados recusaron a los magistrados que aceptaron la querella del pseudosindicato Manos Limpias, a los que tacharon de «parciales».