Contra el fraude en el bono social

Hasta cuatro millones y medio de usuarios se ven favorecidos con la congelación de la tarifa eléctrica hasta 2012. Aunque el objetivo inicial era dirigir este bono social a los sectores más desfavorecidos, los criterios pueden abrir un coladero. Por eso, los beneficiarios que, en el plazo de un mes, no comuniquen a las comercializadoras que sus circunstancias han cambiado, serán penalizados con un recargo del 10% cuando se destape el fraude. Disfrutarán de esta ventaja:

Viviendas con potencia contratada inferior a 3 kW. La aplicación será automática y no exige ningún requisito. Más adelante se intentará depurar de este registro a las segundas residencias. Los censos municipales y los historiales de consumo ayudarán a realizar esa criba.

Pensionistas perceptores de prestaciones mínimas. Los consumidores con más de 60 años que acrediten ser pensionistas del sistema de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente y viudedad y que perciban las cuantías mínimas, así como los beneficiarios de pensiones no contributivas o del antiguo SOVI, recibirán un certificado que tendrán que remitir a las compañías comercializadoras junto con el impreso de solicitud del bono social.

Familias numerosas. Presentarán la solicitud acompañada de una copia del Libro de Familia. Habrán de cumplir los requisitos que se exigen para obtener los beneficios que se derivan de esta condición.

Desempleados. Las unidades familiares con todos sus miembros en paro, personas en edad de trabajar que, sin ser pensionistas, no realizan actividad laboral por cuenta propia o ajena, tendrán derecho a la congelación de la tarifa. La Tesorería podrá, previa autorización del consumidor, comprobar la existencia de esa situación de desempleo.