El Ejército depone y expulsa a Zelaya

La crisis política que se había desatado en Honduras a mitad de semana derivó ayer en un golpe militar que rememora acciones semejantes del siglo pasado. Justo cuando la rebelión castrense parecía neutralizada y el presidente Manuel Zelaya se aprestaba a llevar a cabo una polémica consulta popular, un grupo de uniformados con los rostros cubiertos irrumpió a balazos de madrugada -poco antes de que se abrieran las urnas- en la residencia del primer mandatario del país centroamericano.

Zelaya fue golpeado, le apuntaron a la cabeza y al pecho y le sacaron de la vivienda en pijama y zapatillas. Los militares trasladaron al presidente al aeropuerto internacional de la capital, le subieron a un avión y le trasladaron a Costa Rica desde donde el depuesto dirigente confirmó que había sido víctima de un «golpe de Estado» y pidió la inmediata restitución de sus poderes. «Me sacaron semidesnudo y a balazos», relató Zelaya desde San José. El gobernante contó que le despertaron los gritos de su guardia personal y el tiroteo dentro de la residencia presidencial. «Llegaron disparando. Me parapeté en una parte de la azotea, detrás de los aparatos de aire acondicionado. Luego me encañonaron y me amenazaron para que soltara el celular (teléfono móvil)», añadió.

Poco después se supo que todos los ministros de Zelaya fueron capturados en sus domicilios por militares con las caras cubiertas.

La titular de Exteriores, Patricia Rodas, pudo contar a varios medios periodísticos antes de ser detenida que su domicilio estaba rodeado por algunos soldados. Su esposo declaró que fue golpeada y arrestada. También recibieron golpes, aunque no retenidos, los embajadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela que habían acudido a solidarizarse con Rodas, según confirmó el representante del Gobierno de Caracas, Armando Laguna. Miles de ciudadanos hondureños, que se aprestaban a participar en la consulta, se lanzaron a las calles en defensa del Gobierno entre tanquetas y carros blindados. «Queremos a 'Mel'», coreaban los manifestantes aludiendo al apodo del presidente. Las emisoras de radio y televisión interrumpieron las emisiones y no informaron sobre lo que sucedía en el país.

Sustituido por Micheletti

El presidente del Parlamento de Honduras, Roberto Micheletti, prestó juramento ayer como nuevo jefe de Estado del país en sustitución de Manuel Zelaya.

El arresto del presidente constituyó un golpe de Estado clásico como los que sufrieron Isabel Perón en Argentina en los setenta, secuestrada y detenida por los uniformados, o poco antes Salvador Allende en Chile, que fue además asesinado por los golpistas. Sin embargo, el nuevo mandatario ha asegurado que no llega a la presidencia «bajo la ignominia de un golpe de Estado».

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, condenó «severamente» lo que consideró como una «grave alteración del proceso democrático». Insulza, que en las primeras horas exigió a los militares que dieran a conocer el paradero del presidente, convocó a una reunión urgente al consejo permanente de la OEA, que ya había estado reunido el pasado viernes para analizar la situación hondureña y adoptar medidas para «defender la estabilidad democrática».

Los países latinoamericanos se fueron pronunciando uno a uno contra el golpe. El más enérgico fue el venezolano Hugo Chávez que calificó la acción militar de «troglodita». En el mismo sentido se declaró el boliviano Evo Morales, quien advirtió de que el golpe «sólo desprestigia a las Fuerzas Armadas» de Honduras.

Reto a la Justicia

Zelaya había desafiado a la Justicia y al poder legislativo con una consulta no vinculante para reformar la Constitución. A pesar de que la Corte Suprema, el Tribunal Electoral, el Ministerio Público y el Congreso la habían declarado ilegal, el presidente desoyó todas los llamamientos y siguió adelante con el referéndum que se iba a celebrar ayer.

Los hondureños debían decidir si aceptaban que en los comicios generales de noviembre -para elegir presidente, diputados y dirigentes locales- se designaran también delegados a una Asamblea Constituyente destinada a reformar la Carta Magna a partir de 2010.

El objetivo de Zelaya era, según sus detractores, perpetuarse en el cargo. Pero el presidente aseguraba que le guiaba su intención de pasar a un régimen de mayor participación popular.