Financiación, la última batalla de Andalucía

Andalucía tenía prácticamente comprometido su 'sí' al nuevo modelo de financiación autonómica en diciembre del año pasado. José Antonio Griñán -entonces consejero de Economía y Hacienda y hoy presidente de la Junta- consideró que en el borrador de la reforma que les había presentado Pedro Solbes -aún ostentaba su cargo de vicepresidente económico del Gobierno- asumía la parte principal de las tesis andaluzas: el reparto de los fondos del Estado entre las 15 comunidades autónomas adscritas a este sistema general -todas, a excepción de País Vasco y Navarra- se regiría por el peso poblacional, es decir, que las regiones con más ciudadanos obtendrían más recursos. Andalucía, con ocho millones de habitantes, saldría bien parada, Esta senda, además, preservaría el principio constitucional de la igualdad entre todos los españoles, independientemente de su lugar de residencia.

¿Fue una complicidad apresurada? Las circunstancias han cambiado en estos seis meses: Solbes ya no es el responsable de definir esta variable, que ahora tutelan Elena Salgado, vicepresidenta segunda y ministra de Economía, y, en un ámbito más político, el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves.

Criterios fiscales

La comunicación entre Salgado y Andalucía está siendo menos fluida que cuando estaba Solbes, según confiesan varios miembros del Gobierno andaluz. Y lo que es más grave para Griñán, cada vez son más las voces, tanto del Ministerio de Economía como de la Generalitat, que apuntan a que el nuevo modelo atenderá la más peliaguda de las demandas catalanas: los criterios fiscales ganarán muchos enteros frente a la población a la hora de ejecutar el nuevo modelo, lo que favorecería a las regiones más ricas. Y eso, en líneas generales, sólo puede producirse en contra de los intereses de Andalucía y del resto de comunidades menos pudientes.

José Antonio Griñán y Manuel Chaves hablarán mañana de financiación en la Casa Rosa. Esta son algunas claves de esta esperada entrevista que se produce tras el aviso a navegantes que dio Griñán el pasado lunes en TVE: «Sin igualdad, Andalucía dirá 'no'».

MODELO DE FINANCIACIÓN

Definición y vigencia

Más recursos para las comunidades autónomas

El sistema de financiación amplía las potestades de decisión de las comunidades autónomas, tanto en lo que respecta a la forma de obtención de sus recursos, como a las condiciones de prestación de sus servicios.

El actual modelo fue acordado por unanimidad, a propuesta del Gobierno de la Nación, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado en julio de 2001.

A pesar de su inicial vocación de permanencia, una evolución desigual de la población en los distintos territorios condujo a que, a propuesta de la II Conferencia de Presidentes (que tuvo lugar en 2005), se constituyera el pasado año un grupo de trabajo para comenzar las tareas de revisión.

El actual acuerdo se sustenta en la igualdad, la autonomía y la suficiencia financiera, y la lealtad institucional. Gracias a este patrón, los 15 gobiernos autonómicos adscritos al régimen general ingresan anualmente, 96.000 millones de euros, a los que hay que añadir otros 52.000 millones que provienen de fondos europeos. A estas cantidades hay que sumarles otras procedentes de convenios bilaterales y -aunque no debe confundirse con financiación-, lo que establecen los Presupuestos Generales del Estado en concepto de inversiones anuales. En total, más de 148.000 millones de euros.

Este cálculo se sustentó en dos coordenadas: ampliar el ámbito de los tributos susceptibles de cesión y atribuir mayores competencias normativas a las comunidades autónomas sobre algunos de los impuestos cedidos. En el primer supuesto, además de elevar el porcentaje de cesión en el IRPF, se acordó, como novedad, la cesión parcial del IVA -en un 35 %- y de los Impuestos Especiales sobre la cerveza, vino y bebidas fermentadas, productos intermedios, alcohol y bebidas derivadas, hidrocarburos y labores de tabaco -estos últimos en un 40 % -, además de la cesión del 100% de los Impuestos Especiales sobre la Electricidad, sobre Determinados Medios de Transporte y del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.

En cuanto a los impuestos cedidos (IRPF, impuestos sobre el patrimonio, sobre sucesiones y donaciones, sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sobre determinados medios de transporte y sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos) y, en relación con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, se prevé la posible aplicación de un tipo autonómico con afectación de su recaudación a la financiación de la sanidad o de actuaciones medioambientales.

El nuevo patrón de financiación, aún en discusión, propone a las comunidades autónomas reducir las transferencias del Estado del 30% al 10%, de forma que el 90% de los recursos de las autonomías procederían de los impuestos cedidos, frente al 70% actual.

PROPUESTA ANDALUZA

IRPF, IVA e Impuestos Especiales, al 50%

La población, como bandera

Andalucía fue la primera comunidad autónoma en presentar una alternativa al actual sistema. Su base ideológica era, y es, firme: de acuerdo a los artículos 14, 31 y 139 de la Constitución, los españoles son iguales ante la ley, tienen los mismos derechos y obligaciones, y contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo. El sistema de financiación, por tanto, debe seguir persiguiendo garantizar unos niveles homogéneos y adecuados de prestación de todos los servicios públicos en el territorio español, en el marco de un sistema tributario que trate por igual a todos los ciudadanos, independientemente de la comunidad autónoma en la que tengan su lugar de residencia.

Los ciudadanos son los usuarios de los servicios públicos prestados por los gobiernos regionales. Así, la variable fundamental en la definición de las necesidades de gasto de los territorios españoles es la población. Por tanto, la población debe ser la principal variable que determine la financiación de las comunidades autónomas en el sistema, tanto desde un punto de vista estático como en una perspectiva dinámica. El equipo económico de la Junta, ahora capitaneado por la consejera Carmen Martínez Aguayo, ya ha anunciado que Andalucía no tiene inconveniente en que se ponderen cuestiones como la vejez de la población, la dispersión, la insularidad y hasta el bilingüismos, siempre que se incluya la necesidad de tener en cuenta la población en edad escolar.

Andalucía defiende el aumento de los porcentajes de cesión del IRPF, IVA e Impuestos Especiales al 50%. Un porcentaje que también apoyan otros ejecutivos regionales.

PROPUESTA CATALANA

Pieza clave para resolver el 'sudoku'

Debe recibir más quien más aporte

A la complejidad intrínseca de esta macro ecuación económica, se une la actual coyuntura de crisis internacional y los intereses políticos de los distintos gobiernos regionales y del propio Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. El PSOE gobierna sin mayoría absoluta, por lo que está abocado a un ejercicio de equilibrismo constante, sobre todo para sacar adelante grandes leyes, como las de los Presupuestos.

Una frase, ideada por el ex vicepresidente Solbes, glosa todos estos obstáculos y dificultades: «La financiación autonómica es como un 'sudoku'. Tras once retrasos, Rodríguez Zapatero ha marcado el próximo 15 de julio como fecha límite para cerrar este proceso. Un acuerdo que apremian, sobre todo, desde Cataluña. El presidente socialista José Montilla ya sufre la presión de sus dos socios de gobierno - Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa-Verds (IC-V-EUA)-, porque el Estatut recogía que este nuevo modelo se debía haber cerrado hace un año.

Este incumplimiento ha tensado las relaciones entre Zapatero y Montilla. Y al presidente español le quedan pocos socios en los que poder apoyarse. El PNV, tras el pacto de Paxti López con el PP, es terreno vetado, lo mismo que CIU, que se quedó fuera del tripartito que regenta la Generalitat.

Andalucía y Cataluña tienen propuestas coincidentes en sus respectivos prototipos de financiación, pero otras diametralmente opuestas. Cataluña desea que se establezca un nuevo criterio para limitar el fondo de solidaridad a la sanidad, educación y los servicios sociales esenciales.

El departamento de Economía y Finanzas del Gobierno catalán, en uno de los últimos documentos que ha elaborado en relación al proceso de reforma, se lamenta de que dicho avance no disponga de unos mecanismos de nivelación explícitos que relacionen adecuadamente los recursos de cada comunidad autónoma con su capacidad fiscal y/o sus necesidades de gasto.

Por ello insisten en la reación de un Fondo de Competitividad, destinado a las autonomías con una capacidad fiscal superior a la media y una financiación inferior a la media, lo que permitiría vincular los ingresos con la capacidad fiscal de cada región.

Este es el gran escollo entre catalanes y andaluces. El presidente José Antonio Griñán dejó claro el pasado lunes que en España no cabe un reparto de los recursos atendiendo a los criterios fiscales. Andalucía entiende que el esfuerzo fiscal no depende de lo que se recaude, sino de la riqueza de cada territorio. Pagan los mismos impuestos andaluces que catalanes. Si en Cataluña se recauda más es porque su nivel de renta es mayor, avisan.

FONDO DE COMPETITIVIDAD

Unos 9.000 millones

La llave para un posible acuerdo

José Luis Rodríguez Zapatero, para intentar contentar a todas las comunidades, ha ideado cuatro fondos que nutrirán de aportaciones adicionales a las comunidades con menos riqueza y a las de mayor aportación fiscal. La cuestión es que, quince días antes de que en teoría se cierre el acuerdo, no hay una cifra oficial sobre la cuantía de estos fondos. Una última estimación, producto de una filtración del propio Gobierno catalán, la sitúa en torno a los 9.000 millones de euros. Andalucía aspira a recibir mil millones, de forma paulatina. Pero José Antonio Griñán considera ésta una cuestión menor. La batalla importante se centra ahora en el grueso de la financiación, es decir, en los criterios objetivos del reparto, o lo que es lo mismo, en descubrir qué importancia tiene la población.