Zelaya desafía a la Justicia hondureña

Fortalecido por el apoyo internacional a las instituciones democráticas, el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, ratificó ayer la celebración mañana de una consulta popular que consideran «ilegal» tanto la Fiscalía como el Tribunal Electoral y la Corte Suprema. En un clima de tensa calma, el mandatario mantuvo su negativa a restituir en el cargo al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Romeo Vázquez, al que había destituido el miércoles en una decisión desautorizada también por la Justicia.

«El golpe de Estado técnico ya se conjuró», afirmó Zelaya pese a que Honduras sigue sumida en una crisis. El Parlamento unicameral incluso analiza la posibilidad de declarar incompetente al mandatario y llevarlo a juicio.

El detonante del enfrentamiento entre el Gobierno, por un lado, y la Justicia y el Ejército, por otro, fue el cese de Vázquez por negarse a colaborar en la logística de la consulta dominical por la que el presidente pretende que la ciudadanía se manifieste sobre la convocatoria de una asamblea que reforme la Constitución y permita, finalmente, prolongar su mandato.

Tras el decreto de Zelaya, que es además comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, para destituir al general, los abogados de este último y el Ministerio Público apelaron a la Corte Suprema, que ordenó suspender el cese.

«Somos respetuosos con la Carta Magna. Nos da pesar no haber respondido a las expectativas del presidente, pero le expusimos que nos enmarcamos en la ley», declaró el jefe militar. De forma paralela, argumentando el temor a posibles altercados callejeros, movilizó a las tropas para controlar los edificios más emblemáticos del país centroamericano. La Presidencia, el Parlamento, la Corte Suprema de Justicia, el aeropuerto internacional de Toncontín y algunos puentes de acceso a Tegucigalpa, la capital, fueron rodeados en una maniobra claramente intimidatoria.

Condena

La rebelión militar, apoyada por la Justicia, provocó una rápida reacción de respaldo internacional a la democracia hondureña y de condena a un eventual golpe. En sesión extraordinaria, el consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) respondió al llamamiento del embajador hondureño, Carlos Sosa, y se pronunció a favor de garantizar la institucionalidad democrática. «Honduras requiere de ustedes, compatriotas del hemisferio americano», les había pedido el representante del país en crisis. Por su parte, el secretario general de la organización, José Miguel Insulza, se manifestó dispuesto a encabezar una misión para restablecer el diálogo y evitar así el riesgo de un golpe de Estado.

El presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Miguel D'Escoto, condenó «de manera clara y contundente el intento de golpe de Estado». Y la comisaria de Relaciones Exteriores de la UE, Benita Ferrero Waldner, manifestó la preocupación europea por la amenaza, al tiempo que llamó a las partes «a mantener la calma».

Los gobiernos de la región, aliados de Zelaya, fueron los más enfáticos en el respaldo. El ex presidente de Cuba, Fidel Castro, se solidarizó con el mandatario amenazado y emplazó a la OEA a evitar un golpe. «Lo que allí ocurra (en Honduras) será una prueba para la OEA y para la actual Administración de Estados Unidos», desafió el anciano líder de la revolución cubana desde el Granma.

Hugo Chávez no perdió oportunidad para denunciar que en Honduras «está en marcha una asonada» y en el mismo sentido se pronunciaron los mandatarios ecuatoriano, Rafael Correa; boliviano, Hugo Morales; y nicaragüense, Daniel Ortega.

Con ese apoyo, Zelaya se envalentonó. «La consulta popular no se para», afirmó después de acudir a la base Hernán Acosta Mejía de la Fuerza Aérea para retirar las ochocientas urnas y el resto del material electoral que había sido decomisado por la Fiscalía.