Gobierno y autonomías perseguirán juntos la financiación del terrorismo

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, que potenciará la coordinación de los ministerios de Economía e Interior, Fiscalía, organismos financieros y gobiernos autonómicos para perseguir el allegamiento de fondos a ETA y a grupos yihadistas.

Todas estas instituciones tendrán representación en un nuevo órgano: el Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, que estará presidido por el secretario de Estado para Hacienda, José Manuel Campa. El borrador que ayer estudió el Gobierno fija el listado de instituciones y personas que estarán obligadas a declarar ante las autoridades cualquier movimiento económico sospechoso de servir de tapadera para entregar fondos a un grupo armado. El anteproyecto también detalla las sanciones a imponer a bancos, agentes financieros y entidades que incumplan las órdenes de transmitir a las autoridades gubernamentales cualquier sospecha de lavado de capitales con destino a las bandas terroristas.

La vicepresidenta económica señaló que la nueva ley, que incorpora a la normativa española las directrices europeas, permitirá al Gobierno perseguir estos delitos «a base de transparencia, control y utilizando todos los instrumentos que nos ofrece el Estado de Derecho».