Ficosa se queda fuera del accionariado de la aeronáutica andaluza Alestis

La empresa que iba a liderar la ampliación de capital de Sacesa y la empresa resultante de esta operación financiera, la catalana Ficosa, se ha quedado finalmente fuera de este proyecto industrial. El Consejo de Administración de la sociedad aeronáutica Alestis Aeroespace, que ganó dos contratos para la construcción de la panza del nuevo avión de pasajeros de Airbus, el A350 y el cono de cola del aparato, aprobó ayer una ampliación de capital que llega hasta los 137 millones de euros.

Esta medida garantiza, en esta primera fase, «cumplir con los compromisos adquiridos en la adjudicación de los grandes contratos con Airbus relativos a la panza del avión y al cono de cola del A350» -el nuevo modelo de avión de pasajeros de la constructora aeronáutica-, según un comunicado de la empresa.

El consejo se celebró ayer en Sevilla bajo la presidencia de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) a través de su director general, Jacinto Cañete. Estas aportaciones de capital, 17 millones de euros por encima de lo estimado en un principio y sólo en esta primera fase, han sido realizadas por valor de 50 millones de euros de las entidades financieras, 25 millones de la agencia IDEA y 62 millones de euros por parte del Grupo Alcor.

Queda pendiente, por tanto, para una segunda fase prevista para finales del próximo mes de julio la culminación de la ampliación que incorporará la valoración definitiva de la Sociedad Andaluza de Componentes Especiales, SACESA, mostrando la configuración final del accionariado de la nueva compañía.

Desembolso en metálico

El desembolso en metálico de esta primera fase asciende a 75 millones de euros y configura unas participaciones iniciales compuestas por la agencia IDEA, con un 18,25%, Cajasol y Unicaja con un 14,60 cada una de ellas, BEF con un 7,30 y el Grupo Alcor con un 45,25%. Inicialmente, el Consejo contará con cuatro consejeros en representación de las entidades financieras, cuatro del Grupo Alcor y tres de la agencia IDEA, que ostentará la presidencia.

«Esta primera fase de ampliación de capital permitirá a la empresa dotarse de nuevas instalaciones, medios técnicos y de los medios profesionales necesarios para hacer frente a los contratos de Airbus por valor de 1.700 millones, que suponen una carga de trabajo para más de 20 años y prevé la creación 1.200 puestos de trabajo directo y más de 4.000 inducidos», según la nota.

«Además, este paquete de trabajo comprometido (el cono de cola y la panza) supone el mayor pedido del sector auxiliar aeronáutico de la historia de España y constituye para Alestis un importante empuje para su proyecto empresarial y un auténtico paso tecnológico para adentrarse en el capítulo de los sistemas de avión y situarse a la vanguardia de los fabricantes de aeroestructuras a nivel mundial», apuntó el comunicado de la empresa.

Los casos de Obra Nueva traen cola tras declarar la Audiencia que los arquitectos como profesionales liberales en lugar de funcionarios. Ecologistas en Acción lamentó el «cambio de criterio» de la Audiencia Provincial de Cádiz en relación con los certificados falsos emitidos por arquitectos y aparejadores sobre la antigüedad de edificaciones ilegales para eludir los expedientes administrativos y conseguir así la prescripción penal, ya que señaló que «dificultará la persecución de los delitos urbanísticos».

El grupo señala que considerar a dichos técnicos como profesionales liberales en vez de funcionarios supone reducir la fecha de prescripción de diez a tres años, además de reducirse las penas de forma «considerable». Indicaron que si un técnico certifica la antigüedad de una vivienda, dicho certificado se incorpora a un expediente administrativo y en base al mismo se otorgan licencias, se le está dando a dicho informe la «misma validez que a uno emitido por un funcionario».

Para los ecologistas, si en dichos certificados se falsifica la antigüedad de las viviendas con el objeto de obtener de forma fraudulenta prescripciones de expedientes o licencias, «no solo se estaría cometiendo un delito de falsedad en documento oficial, sino también un posible delito de usurpación de funciones por parte de dichos técnicos y de prevaricación por parte de los responsables políticos que otorgan las licencias».