El futuro de la fábrica de botellas enfrenta al Gobierno y la oposición

El futuro de la fábrica de botellas de Saint Gobian-Vicasa en Jerez es ahora más «incierto» para los partidos de la oposición, que ayer en el Pleno municipal no respaldaron la propuesta de otorgar una prórroga de un año al convenio firmado con la multinacional y que establecía la ubicación de la planta en otra zona a cambio del desarrollo urbanístico de sus actuales terrenos, aunque ésta salió adelante con el voto a favor del PSOE.

PSAe IU votaron en contra, mientras que el PP se abstuvo, a este retraso en los plazos del acuerdo de junio de 2008 pese a que el delegado de Urbanismo, Juan Pedro Crisol, se esforzó ayer en recalcar que la empresa tiene voluntad de continuar con los planes previstos de edificar viviendas –y hasta un gran centro de ocio– y que el aplazamiento se debe a que Vicasa «ante la situación de crisis económica generalizada», no puede hacer frente a los compromisos adquiridos y ha solicitado más margen.

Uno de los matices de esta prórroga que más disgustaron a la oposición es que la propuesta aprobada también propicia que el Ayuntamiento vuelva a tener plena disponibilidad sobre los terrenos de la Ciudad del Transporte en los que se iba a ubicar la nueva fábrica de botellas. Para Crisol, «no es lógico que ese suelo urbanizado y de inminente desarrollo quede vacío durante un año cuando hay otras industrias o empresas que pueden necesitarlo». «Hay suelo de sobra para ofertar más adelante a Vicasa», enfatizó el delegado de Urbanismo.

Sin embargo, para el PSA este cambio en el acuerdo es la constatación de que «la fábrica no se va a construir de nuevo en otra parte», y lamentó que el Gobierno municipal «no sea realista» y admita que «éste es un convenio sin garantías», como apuntó la concejal Rosario Rodríguez. La andalucista fue más allá y acusó al Ejecutivo local de «poner en bandeja el argumento a la empresa para que dentro de un año diga que sus previsiones no contemplaban la ubicación en otro terreno y deseche volver a construir la planta».

Por su parte, el concejal de IU Joaquín del Valle, que recalcó que nunca estuvo de acuerdo con el Gobierno local en este asunto, vaticinó que «hoy (por ayer) enterramos el futuro de la fábrica» y cuestionó que la multinacional alegue motivos inmobiliarios para este parón, y ninguno que haga referencia a un descenso en la producción de botellas. Del Valle recordó que en diciembre de 2010 la planta se queda sin certificado de emisión de gases, y «en un año electoral como 2011 lo que va ocurrir es que la empresa nos va a meter un gol», por lo que instó a las Administraciones a que hagan algo antes de que se produzca el cierre. Además, sugirió que con este cambio de escenario «lo lógico era dejar sin efecto el convenio e iniciar una modificación del PGOUpara restablecer los parámetros urbanísticos anteriores».

Muchas dudas le generó también al PP esta suspensión, como apuntó su presidenta local, María José García-Pelayo, que recordó que el PSOE dijo de este convenio que «es la operación más importante de la ciudad en décadas» y que preguntó si la empresa de fabricación de todoterrenos Zahav, una compañía que se va a instalar justo al lado de la parcela designada para Vicasa, sería la que ocuparía ahora los terrenos que están designados para el traslado de la fábrica de botellas.

En opinión de García-Pelayo, «Vicasa está echando un pulso a la ciudad, y lo está ganando» y lamentó que «la empresa ya tiene lo que quería, su suelo recalificado, pero la ciudad no tiene garantías de que se mantendrá la industria».

Frente esta afirmación, el delegado de Urbanismo hizo hincapié durante varias ocasiones en su turno de réplica en que «no habrá desarrollo urbanístico de los terrenos donde está actualmente la planta si no hay un traslado de la actividad a otra zona», y acusó a la popular de «hablar de la empresa como especulador inmobiliario». Crisol también insistió en que «este Gobierno está haciendo todo lo posible para que Vicasa se quede», pero dejó claro que «se trata de una decisión estrictamente empresarial», una afirmación que no resultó demasiado convincente para la oposición.

Croft

Otro tema urbanístico que se debatió ayer en el Pleno, aunque esta vez con el apoyo de todos los grupos a excepción de la abstención del PP, fue la propuesta de aprobación definitiva del Plan Parcial del área de Croft, que va a propiciar la construcción de 600 viviendas, de las cuales, 239 son VPO en bloque, 310 son unifamiliares y 51 son colectivas (en bloque).

En este punto, el popular Javier Durá criticó que el Gobierno «se salta plazos» al presentar un proyecto de reparcelación del área, y añadió que «no está clara la defensa del interés público en esta actuación». Crisol negó esa afirmación, apuntó que es sólo «la aprobación del plan parcial», y dijo que los proyectos llegarán después.

La sesión plenaria también sirvió para dar el visto bueno definitivo a la modificación puntual del Plan Parcial del sector 32 Pozoalbero Norte, y el estudio de detalle de varias manzanas de una unidad de ejecución en La Granja.

Además, y a propuesta del PP, como se encargó de recordar no sin cierta ironía el concejal Bernardo Villar al afirmar que «por primera vez una iniciativa nuestra sale adelante», se aprobó por unanimidad exigir a la Junta que acelere las mejoras de la carretera Jerez-La Barca (A-2003).

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