Uno de los detenidos en Sanlúcar se escondía de la justicia desde 2001

La Guardia Civil no sólo le ha vuelto a dar una dentellada al negocio del narcotráfico en Sanlúcar con la reciente operación que ha enviado a prisión a once vecinos; también ha puesto fin a la huida de un narco sobre el que pesaba una orden de detención fechada hace más de ocho años. Su nombre es Antonio R. R., pero es más conocido por su apodo, El Marqués. Lo buscaba la Audiencia Nacional por un asunto anterior de drogas. No habían dado con él hasta que el pasado martes, casi de madrugada, la Guardia Civil registraba su casa y lo apresaba.

Su mejor escondite había sido su propio chalé. Nada de fugas al extranjero. Antonio R. R., de 49 años, optó por recluirse en su casa, dejarse ver poco y modificar su aspecto físico con una larga barba que le llega al vientre, según fuentes de la investigación. Su chalé, ubicado en el extrarradio sanluqueño, en la calle Cueva de Altamira, junto a la carretera que va hacia Chipiona, guarda en su interior decenas de animales y un pequeño taller donde el supuesto narco podía administrar su tiempo sin tener que salir al exterior. Pese a esas precauciones, los vecinos de alrededor sabían que El Marqués vivía allí.

Él no estaba entre los objetivos primeros de la Guardia Civil, sino su hijo David, quien ha caído en la redada y cuyo lujoso chalé también fue registrado. Pero durante las pesquisas, los agentes descubrieron que dentro de la jefatura de la banda había alguien más, «de peso», y que organizaba citas con los proveedores marroquíes donde se cerraban los alijos que, posteriormente, los traficantes sanluqueños se tendrían que encargar de introducir por la costa gaditana. Muchas de esas reuniones, señalaron las mismas fuentes, se celebraron en su casa. Poco a poco fueron ubicándolo en el organigrama de la organización, pero la sorpresa llegó cuando fue identificado.

'Operación Pitón'

Los antecedentes policiales de Antonio R. R. se remontan al otoño de 1992, cuando estalló una de los casos contra el narcotráfico que más páginas de periódicos han llenado: la operación Pitón. Al frente de ella estaban los jueces de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón y Carlos Bueren. La organización desmantelada llegó a mover beneficios de 8.000 millones de las antiguas pesetas gracias a la entrada de cargamentos de hachís que posteriormente se venderían en países europeos como Holanda. La lista de implicados se llenó de empresarios, un torero, conocidos de la zona e incluso policías y guardias civiles que se habrían vendido. Sin embargo, el proceso judicial se saldó con penas menores y varias absoluciones.

Entre los que salieron indemnes estaba Antonio R. R. y Juan Manuel Vargas, alias El Cagalera. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictaminó en 1998 que no había pruebas para sentenciarlos por delitos contra la salud pública y blanqueo. Pese a la absolución, el tribunal no escondió en su fallo que tenían «todas las sospechas posibles». Lo cierto es que años después Juan Manuel Vargas fue sentenciado como cabecilla del clan Cagalera y Antonio R. R. tiene ya dos asuntos pendientes.

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