El Supremo ordena investigar al tesorero del PP por cohecho y fraude

El Tribunal Supremo ordenó ayer al magistrado Francisco Monterde Ferrer que investigue si el senador del PP Luis Bárcenas Gutiérrez, tesorero del partido, y el diputado Jesús Merino Delgado, coordinador de comisiones del Grupo Popular, pudieron cometer fraude fiscal y cohecho en sus relaciones con la trama empresarial que encabezó Francisco Correa. Tras estudiar la exposición motivada que la pasada semana elevó el juez de Madrid Antonio Pedreira, el alto tribunal concluye que hay «suficientes» indicios para investigar a los dos parlamentarios.

Eso es todo lo que, por el momento, está dispuesto a hacer el Supremo en el caso Gürtel. La sala de admisión, por decisión unánime de sus cinco miembros, acordó devolver al Tribunal Superior de Justicia de Madrid el grueso de la investigación, incluido todo lo que afecta al todavía eurodiputado Gerardo Galeote, al considerar que es «notorio» que no concurrió en las pasadas elecciones europeas y dejará de ser aforado en cuanto tomen posesión de sus escaños los elegidos en las urnas el pasado 7 de junio.

La Fiscalía Anticorrupción considera que el diputado Merino pudo incurrir en un delito de cohecho impropio al aceptar dinero procedente de la trama corrupta por un valor mínimo de 220.000 euros. El Supremo se apoya en la documentación intervenida en los registros que ordenó el juez Baltasar Garzón y en un soporte informático que recoge la contabilidad B del grupo de empresas de Correa, que permiten sospechar que los pagos existieron porque el diputado del PP aparece mencionado con su nombre y primer apellido, identificado mediante las iniciales J. M. o señalado por testigos que le identifican como el receptor del dinero.

«Como quiera que esas cantidades entregadas presuntamente al aforado no se corresponden con actividades profesionales o de otro tipo que puedan justificar su recepción, y dada su condición de Diputado del Congreso de los Diputados, los indicios sobre la comisión de un delito de cohecho resultan, en principio, suficientes», escribe el magistrado Andrés Martínez Arrieta, ponente de la causa en esta fase del proceso. Además, el Supremo cree que hay que investigar si cometió un delito fiscal al ocultar esos ingresos.

El juez Pedreira también puso en solfa la actuación de una serie de empresas propiedad o gestionadas por Merino, de las que sospechó su implicación en las estratagemas propias del desvío de fondos típico del blanqueo de dinero.

Pero el Supremo recuerda que la Agencia Tributaria destacó el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, por lo que descarta investigar. Respecto al senador Bárcenas, la investigación de la Fiscalía Anticorrupción detectó que cuadriplicó su patrimonio entre 1997 y 2004, años en los que pudo recibir hasta 16 pagos diferentes por un valor que, según Garzón, fue de al menos 1.353.000 euros. La Agencia Tributaria le acusa de haber ocultado al fisco los siguientes pagos de Correa: 459.565 euros en 2002; 515.630 en 2003 y 72.000 en 2004.

Como en el caso de Merino, el Supremo cree que la documentación incautada en los archivos de las empresas de la trama Gürtel permite sospechar que el tesorero del PP recibió esas cantidades económicas y otras prebendas porque en los extractos contables aparece identificado por su nombre, mediante las iniciales de sus apellidos y con la expresión Luis el cabrón. Por añadidura, hay en la causa «declaraciones personales que le identifican como receptor de las cantidades económicas procedentes del denominado grupo Correa».

Bárcenas hizo llegar la semana pasada al Supremo unas alegaciones con las que quiso justificar sus ingresos y en las que indicó que las dudas sobre su patrimonio proceden de un crédito en efectivo por valor de 330.000 euros que pidió en enero de 2003 para comprar obras de arte, operación que no realizó, por lo que lo devolvió.

Operación inmobiliaria

«Este argumento, aunque pueda revestir cierta razonabilidad, se contrarresta, también, con la argumentación contenida en el informe de la Agencia Tributaria que ha tenido en cuenta esas alegaciones en su informe», replica el magistrado Martínez Arrieta, que añade que son «justificaciones susceptibles de ser investigadas en el proceso que se abre, pero, en este momento, insuficientes para contrarrestar el valor indiciario que surge de la documentación y de las declaraciones a las que se refiere la exposición razonada».

En su estudio de la investigación realizada por el juez Pedreira, el Supremo levanta las sospechas sobre aspectos como la actividad de la empresa Astrogalo, que compartieron Bárcenas y Merino, o la nota manuscrita que parece sugerir que el tesorero del PP participó junto a Correa en una operación inmobiliaria sospechosa en Majadahonda (Madrid). El alto tribunal no ha encontrado nada en la causa que justifique investigar esos dos supuestos.

Fijado así el campo de actuación del Supremo en el caso Gürtel, la sala ordena al magistrado Monterde Ferrer que abra la correspondiente investigación. Con mucha probabilidad, su primera iniciativa será solicitar el suplicatorio de los dos aforados del PP, algo que ya ha solicitado la Fiscalía, preocupada porque el delito fiscal está a punto de prescribir.

La solicitud de suplicatorio mantendrá la causa empantanada todavía varios meses.