La liberalización eléctrica se estrena el 1 de julio con subidas para 20 millones de usuarios

La luz subirá el 1 de julio moderadamente para los 20 millones de usuarios que tienen contratada una potencia entre 3 y 10 KW y a los que nadie ofertará una propuesta mejor que la Tarifa de Último Recurso (TUR), según estiman técnicos de la Comisión Nacional de la Energía. Ese porcentaje de aumento está por determinar, porque conjuga la reducción de los precios energéticos en los mercados internacionales -el recorte del barril de crudo desde el pasado enero hasta hoy es elemento básico- con la necesidad de enjugar el déficit acumulado por la generación de energía en los pasados años.

Los costes del déficit tarifario fueron reconocidos, pero nunca se trasladaron por completo a la factura que pagan los clientes, y esa herencia queda pendiente. Sólo se librarán de tal carga los 4 millones largos de beneficiarios del bono social: pensionistas con prestaciones mínimas, hogares sostenidos por parados, familias numerosas y primeras viviendas con potencia contratada inferior a 3 KW.

La liberalización eléctrica que entra en vigor en el arranque del próximo mes es un proceso marcado por la confusión que abre, además, otros frentes de conflicto. Cientos de ayuntamientos, clientes de alta tensión, están a seis meses del corte de suministro. Desde hace un año disponen de la opción de acudir al mercado, pero lo cierto es que, por su condición de malos pagadores, no han encontrado comercializador. Tras soportar incrementos mensuales del 5% sobre la tarifa desde hace un año, ahora se ven abocados a un régimen aún más duro, con aumentos del 20% sobre la nueva TUR. Y si el 31 de diciembre no han encontrado proveedor alternativo, verán cómo la luz se apaga. A salvo quedan los suministros básicos: alumbrado, hospitales y escuelas, entre otras instalaciones.

Cada seis meses

La claridad no es la nota dominante en el proceso de liberalización eléctrica que arrancará el 1 de julio. Parece seguro que la factura se incrementará por un periodo de seis meses para la mayoría de los consumidores domésticos. La combinación de los componentes que determinarán la TUR apunta en este sentido. Pero todo está por concretar, reconocen, a cinco días del gran cambio, fuentes del departamento que dirige Miguel Sebastián.

Los 20 millones de usuarios que tienen una potencia contratada de entre 3 y 10 KW, pueden optar, y lo harán en su mayoría, por la Tarifa de Último Recurso (TUR). La principal novedad que percibirán es que la medición de su consumo correrá a cargo de una empresa distribuidora, pero será una comercializadora quien les facture los consumos. La primera variación, y sucesivas, van a estar sometidas a dos factores: la evolución de las tarifas de acceso (el dinero que el comercializador paga a los distribuidores) incluida la compensación del déficit y la trayectoria de los precios de la energía. Cada uno de estos dos elementos tiene un peso del 50%.

El Ministerio de Industria ha propuesto, finalmente, que la tarifa y costes de acceso suban el 10,2% como media. A ese porcentaje se llega desde la previsión de que los costes fijos del distribuidor se eleven el 4,2%, y por entender que será preciso compensar una caída de la demanda del 6,2%.

La incógnita de la ecuación reside en los resultados de la nueva subasta de energía. Los expertos dan por seguro que el precio resultante será muy inferior al obtenido en esta misma operación en el mes de enero, cuando el barril de crudo aún era caro.

Más de cuatro millones de clientes eléctricos son potenciales beneficiarios del bono social. La Seguridad Social afirma que ya tiene en curso las comunicaciones que dirigirá a dos millones de pensionistas de cuantías mínimas, que verán congelada la tarifa eléctrica, al igual que las familias numerosas o los hogares con todos los miembros en paro. La medida se aplicará de forma directa a las primeras viviendas con potencia contratada inferior a 3 KW. El segmento de consumidores entre 10 y 15 KW disfrutará de ofertas con descuentos del 5% al 7%. Del medio millón de usuarios de alta tensión restan unos 20.000 recalcitrantes que no se han pasado al mercado liberalizado. Son, en su mayoría, ayuntamientos.