Más allá de la tarifa
| CATEDRÁTICO DE POLÍTICA ECONÓMICA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE Actualizado: GuardarL a Comisión Nacional de la Energía acaba de aprobar los llamados peajes eléctricos, uno de los componentes de la nueva Tarifa de Último Recurso. La CNE, dando por bueno un informe del Ministerio de Industria, ha acordado que esos peajes suban el 10%, aunque una orden ministerial previa contemplaba una congelación de estos costes para los usuarios con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios; es decir, la inmensa mayoría de ellos. Pero, al mismo tiempo, esa orden consideraba necesario incrementar esos mismos costes entre un 9 y un 11% para el resto de los consumidores. El sector eléctrico en España ha gozado y goza de un elevado proteccionismo por parte del Estado. Ahora, y en aplicación de la directiva europea que contempla un mayor grado de competencia en el sector eléctrico y la eliminación de barreras y restricciones, se ha creado la citada fórmula del suministro de último recurso. El Real Decreto que establece este sistema y su funcionamiento abre la posibilidad de negociar el precio en el mercado libre, pero lo hace de un modo tan confuso que no termina de despejar incógnitas como si la factura se encarecerá o no.
Dado que se está procediendo a la transposición de distintas directivas europeas, sería la ocasión de pasar revista de una vez por todas al conjunto de la política energética española, en la que se inserta el sector de la electricidad. Este diseño a fondo ha de partir de las fuentes disponibles: los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), las energías renovables y la energía nuclear. Por el momento, o al menos así lo parece, no se ha entrado en esa necesaria reforma de la política energética. Pero el Gobierno ha apostado ya de una manera clara y sesgada por las renovables, que, sin duda, son aconsejables y preferibles desde el punto de vista climático y medioambiental, pero que resultan enormemente caras y han precisado importantes subvenciones del Estado. Esta inclinación contrasta con el rechazo, sin ningún tipo de fundamentación más allá del criterio político e ideológico, de la producción nuclear, económicamente mucho más rentable. Y cuya amenaza sobre la contaminación que puede provocar constituye una remotísima posibilidad frente a la contundente realidad de la emisión constante de gases de efecto invernadero procedente de los combustibles fósiles.