Cientos de casos de la operación Obra Nueva podrían acabar archivados al prescribir el delito

La lucha contra la trama de delincuencia urbanística descubierta en Cádiz tras la Operación Obra Nueva se convirtió en el último año en un auténtico caballo de batalla para el fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, Ángel Núñez.

Un interés que se plasmó en la última Memoria de la Fiscalía de 2008 que compete a su parcela, en la que dedicó un amplio apartado a recordar la «importancia» de este nuevo tipo de delito de falsedad documental, cuya magnitud y relevancia no se conoció hasta hace apenas dos años, cuando en 2007 la Guardia Civil inició la Operación Obra Nueva en Chiclana, y los casos comenzaron a salir a la luz.

Sólo en el último año y medio se han tramitado más de 330 investigaciones al respecto y se ha detenido e imputado a cientos de personas; la mayoría, arquitectos y aparejadores que falsificaron certificados de obra nueva -de ahí el nombre-, para hacer pasar por antiguas unas viviendas ilegales que a veces ni siquiera se habían construido. Con ellos, evitaban el expediente administrativo de los ayuntamientos. Y la construcción pasaba a ser legal sobre el papel.

La mayoría de estas diligencias sin embargo podrían caerse en el camino judicial, y quedar archivadas. Ya que el delito por falsificar un documento privado prescribe a los tres años, y -como explica Núñez en la Memoria- «muchos casos» fueron descubiertos y denunciados «cuando ya habían transcurrido más de tres años» desde que se cometieron.

El fiscal no duda en señalar a los ayuntamientos y a la falta de cumplimiento «de sus obligaciones» de denunciar estos casos, como una de las causas del retraso. Aunque reconoce que en los últimos años ha habido «un mayor grado de cumplimiento, con lamentables excepciones».

Núñez intentó combatir este «problema» imputando a los acusados un delito de documento oficial y no privado, interpretando que los certificados de obra nueva son fundamentales para realizar, por ejemplo, la escritura pública de las vivienda. De este modo, los arquitectos imputados debían ser tratados en el proceso penal como si fueran funcionarios públicos. Y esto no sólo agravaba las penas (casi las duplicaba) sino que además, ampliaba el plazo de prescripción del delito a 10 años.

La Audiencia Provincial de Cádiz cogió el relevo al fiscal de Medio Ambiente, y confirmó esta interpretación del Código Penal el pasado 21 de enero, a través de un auto en el que obligaba a un juez de instrucción de Chiclana a rescatar un caso de obra nueva, archivado por haber prescrito.

Meses después, sin embargo, los magistrados de la Audiencia retrocedían en su parecer y cambiaron el criterio con tres nuevos autos, en los que indicaban que los arquitectos no pueden considerarse funcionarios públicos. Uno de estos autos (el número 109/09), emitidos por la Sección Tercera de la Audiencia, explicaba que «no comparte dicho criterio, ya que [el fiscal] utiliza una aplicación analógica extensiva no admisible en Derecho Penal».

Un debate en el tribunal

¿Cómo es posible un cambio de criterio en tan poco tiempo? Lo cierto es que tras este sorprendente cambio existe toda una intrahistoria, en el que los magistrados de la Audiencia llegaron a reunirse hasta en tres cónclaves para debatir y acordar de forma unánime qué camino seguir para este tipo de delito: «Empezaron a llegar consultas de los magistrados, que sugirieron realizar las reuniones para estudiar el tema antes de dictar autos, porque no había antecedentes de estos delitos», explicaba ayer el presidente de la Audiencia, Lorenzo del Río, que recuerda que la decisión «no es vinculante para todos los magistrados, porque son independientes», aunque moralmente se hallan comprometidos a seguir el criterio común, lo que hace improbable que el criterio vuelva a cambiar a favor de la Fiscalía. Ésta, además, ha decidido no recurrir ninguno de los autos, asumiendo por tanto el nuevo criterio.

Lorenzo del Río destacaba ayer cómo este tipo de casos «son novedosos» y no existía apenas jurisprudencia anterior sobre lo que puede considerarse funcionario público y lo que no. Así pues, los autos de la Audiencia pueden considerarse un referente en este sentido.