Se declara inocente uno de los máximos imputados en el caso de Obra Nueva

En el último año su abogado ha logrado al menos media decena de veces, que los diversos juicios en los que se ha visto involucrado fuesen suspendidos por el tribunal, casi siempre poco antes de que tuviesen lugar y debido algún tipo de alegación de última hora en las cuestiones previas. Sin embargo, ayer la vista oral sí llegó a celebrarse. Y Joaquín P. S., arquitecto gaditano se sentó en el banquillo ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Cádiz, acusado por falsificar certificados de nueva construcción.

Con este truco, supuestamente hizo pasar por antiguas dos viviendas ilegales recién construidas en suelo no urbanizable de Chiclana, para evitar que sus dueños fuesen expedientados, aprovechando que las infracciones prescriben a los cuatro años. Esta fórmula delictiva fue conocida en 2007 a través de la denominada Operación Obra Nueva, que destapó casi medio centenar de casos similares en la que Joaquín P. S. aparecía como uno los principales implicados.

Ayer, sin embargo, el arquitecto se declaró inocente del delito. Y dejó entrever, incluso, que pudo ser engañado por sus clientes, los cuáles supuestamente le habrían mostrado dos chalés distintos a las que finalmente se escrituraron. Según aseguró ante el tribunal, él se limitó a «hacer el trabajo por el que había sido contratado»: certificar la antigüedad de las construcciones. Una labor por la que habría cobrado «entre 250 y 350 euros», según informó la Cadena Ser.

Junto al arquitecto, fue juzgado como coautor de los delitos el propietario de los inmuebles, Abraham B. L., un promotor inmobiliario que cuenta con varios expedientes del Ayuntamiento de Chiclana por construir en terrenos no urbanizables. No en vano, el Consistorio chiclanero se ha personado como acusación particular y su denuncia fue la que inició el proceso penal.

También Abraham B. L. se declaró inocente. Y aseguró que ni siquiera conocía al arquitecto, ya que -según su declaración- contrató a Joaquín P. S. y tramitó la escritura de las viviendas a través de una agente inmobiliaria: una tal Toñi V. G. que habría gestionado la compra de las dos parcelas, situadas en el Pinar de María. Esta mujer, sin embargo, no fue llamada a declarar como testigo. Sí testificaron los técnicos del Ayuntamiento de Chiclana, y el que fuera concejal de Urbanismo cuando se cometió el delito (en 2005), Joaquín Muriano, que ratificaron las denuncias y los expedientes contra ambos acusados.

Aunque no logró suspender el juicio, el abogado del arquitecto sí consiguió -de nuevo en cuestiones previas-, que la Fiscalía rebajase la pena solicitada: de cuatro a un año de cárcel, aparte de una multa de 4.500 euros. El caso queda visto para sentencia.