Criterios enfrentados para un mismo delito

La ley no siempre es rigurosa en sus palabras. A veces, hay que interpretarla. Y del criterio que se utilice en esta lectura del texto legal puede depender que un delito esté penado con cuatro años de cárcel o sólo con un año. Esta variación de lecturas es el que obligó a la Fiscalía a modificar ayer su petición de pena para el arquitecto Joaquín P. S.

Lo llamativo es que el mismo delito (la falsificación de certificados de obra nueva) son interpretados de diferente manera en la misma Audiencia Provincial de Cádiz, según la sección en la que se juzgue. En los últimos años, el hasta ahora fiscal de Medio Ambiente en Cádiz -encargado de los delitos urbanísticos- Ángel Núñez, peleó porque los tribunales penales siguieran su propio criterio, según el cuál los certificados de obra nueva son documentos públicos. Y por tanto, quien lo firma debe ser tratado como un funcionario, lo que agrava la pena.

El pasado mes de enero, un auto de la Audiencia Provincial confirmaba este criterio y daba, de alguna manera, la razón alfiscal en sus argumentos. Ayer, sin embargo, uno de los abogados de la defensa sacó a la luz un auto aún más reciente -de abril- de la sección Tercera, en el que el tribunal deja claro que «no comparte dicho criterio. Descartando que el arquitecto técnico sea funcionario público en sentido extricto, a efectos penales». Aunque en el mismo documento reconoce y «lamenta» que este punto de vista deje «impunes» los delitos urbanísticos, que «afectan a intereses públicos».