Agitadores urbanísticos

Los representantes del pueblo se eligen para que sean la voz y la voluntad de los ciudadanos en las administraciones y en el proceso de elaboración de las normas jurídicas que nos damos. Todo eso, pero sólo un poquito. No se vayan a creer esos servidores públicos que pueden estar por encima de un grupo de profesionales, ociosos y mediopensionistas. Las decisiones, en Cádiz, las toman las fuerzas vivas de la ciudad. Pocas cosas hay más rancias que la existencia de un colectivo al que se le pueda reconocer con tan aborrecible expresión. Menudos infelices todas esas personitas que se desplazan hasta las urnas en los días de jornada electoral. No se enteran de que votar es tan estéril como ordeñar un pedernal.

Lo que de verdad cuenta aquí son las firmas. Da igual qué formación se haga con la victoria en las municipales, autonómicas o generales. Tres mil firmas valen más que 40.000 votos. O los que fueren. Primero fue la Junta de Andalucía la que hincó la rodilla y, genuflexa y olvidadora de sus obligaciones para con todos los gaditanos, accedió a la petición de tan sólo 3.000 personas de que no se derribara el edificio de la Aduana Nueva. Sería interesante organizar una competición sobre qué conducta tiene menos sentido común –que tan certeramente describió Descartes como lo mejor repartido del mundo porque todos creemos tener sobrada cantidad–, si la de los espabilados amantes de la arquitectura funcional y mediocre de este bloque; o la de las administraciones que se rinden a las exigencias de un puñado de agitadores urbanísticos de butaca en séptima fila. Pero no seamos injustos, la Junta y Fomento no se han plegado por completo. Van a tirar la trasera del edificio. Temblad, firmantes, el Gobierno existe.