Zapatero no sabe cómo cerrar el pacto de la financiación autonómica

José Luis Rodríguez Zapatero ha ido pasándose de una mano a otra la patata caliente de la financiación autonómica desde la pasada legislatura. Ahora, tras muchos pasos adelante y atrás, quiere cerrar ya un acuerdo, y se ha dado un plazo de «una o dos semanas», según dijo el pasado martes. Pero no va a ser fácil. Las interminables negociaciones encajan a la perfección en el aforismo de la manta corta: si te tapas el tronco dejas al aire los pies, y si cubres los pies se queda al descubierto el tronco.

El que fuera ministro de Administraciones Públicas y responsable de Economía del PSOE entre 2000 y 2004, Jordi Sevilla, decía hace un par de años que Zapatero se iba a arrepentir de no haber pactado la financiación en la pasada legislatura, cuando había recursos de sobra. Pero la agenda del presidente del Gobierno estaba acaparada por el proceso de paz en Euskadi y el 'Estatut' de Cataluña. Y así, entre reformas estatutarias y diálogos frustrados, la financiación se quedó en el fondo del cajón de las urgencias.

El Gobierno sabía que era necesario cambiar el sistema. Opinión que compartían expertos y gobernantes autonómicos sin diferencias de color político. El PP, en su momento, intentó defender la continuidad del sistema que pactó José María Aznar con CiU, pero la presión de sus 'barones' territoriales hizo que Mariano Rajoy se tuviera que comer sus palabras.

Por citar un dato, es incontrovertible que las autonomías más dinámicas y que más recursos aportan al sistema son las más perjudicadas. La liquidación del último ejercicio, el de 2007, refleja que el incremento de los ingresos de las comunidades en relación a 2006 fue de 3,9% de media. Pues bien, Cataluña mejoró el 2%, Madrid, el 1,6% y la Comunidad Valenciana, 1,9%; en cambio Asturias ingresó 7,1% más, Extremadura, 6,5%, y Galicia y Castilla-La Mancha, 6,1%.

Tras las últimas generales, Pedro Solbes se puso manos a la obra con un doble objetivo: dotar a las comunidades de financiación suficiente para costear los servicios transferidos y limar las diferencias territoriales. El 'Estatut' de Cataluña establecía que el nuevo sistema debía entrar en vigor el 9 de agosto de 2008. Pasó ese día sin acuerdo y el siguiente vencimiento se situó en noviembre. Lo mismo. En diciembre, el Ejecutivo presentó un texto base para sellar un pacto antes de fin de año; Cataluña rechazó la propuesta. Entre ese mes y enero, Zapatero abrió el confesionario de La Moncloa y por allí desfilaron los gobernantes autonómicos, todos recibieron buenas palabras, y hasta se habló del 15 de febrero como fecha tope. Nuevo fallo. El Gobierno no cejó y marcó en rojo junio, pero el desacuerdo persistió. El último plazo, el del 15 de julio, lo fijó Zapatero en el pasado Debate sobre el estado de la Nación con la pretensión de que sea el definitivo y sin nuevas prórrogas.

Requerimientos

Todas las autonomías dicen que sus requerimientos han sido atendidos. Las que reivindican la población como criterio de reparto de los dineros, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, Madrid, creen tener una respuesta afirmativa; las que esgrimen la dispersión de sus habitantes, Castilla y León, Galicia, Aragón, sostienen que han sido escuchadas; las que alegan el envejecimiento de su demografía, Extremadura, Asturias, Cantabria, también creen contar con el beneplácito gubernamental; y las que han puesto sobre la mesa la insularidad, otro tanto.

El PP ha denunciado que esta elasticidad del Gobierno ha convertido el sistema de financiación en «una tómbola donde siempre toca». El líder de Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, denunció ayer que es «inaceptable» que Zapatero diga a cada comunidad «lo que quiere oír» y ofrezca «un traje a medida» a cada una. Lo cierto es que la pasada semana, en un intervalo de 24 horas, el presidente del Gobierno garantizó a Cataluña una financiación por habitante «por encima» de la media, y a Andalucía, «la mayor» cantidad de recursos.

Unas promesas que en tiempos de crisis parecen de credibilidad dudosa puesto que la inyección económica del Ejecutivo al sistema será menor que en otras ocasiones. Aznar tuvo problemas parecidos cuando negoció el modelo, pero la bonanza de finales de los noventa permitió solventar los escollos con un buen cheque a cada territorio y nadie protestó.

Ahora, la situación es otra. Solbes barajó un aporte de 8.000 millones de euros, enseguida tachado de insuficiente; su sucesora, Elena Salgado, elevó la cifra a 9.000 millones, pero tampoco contentó a los receptores, y enseguida matizó que los 9.000 eran una cantidad de salida y, por tanto, negociable. La solución, en unos días si se cumple el calendario.