La UE evidencia sus discrepancias al no poder acordar la creación de un regulador financiero

La enorme distancia que separa a la Unión Europea de EE UU emergió ayer con gran crudeza cuando los líderes de los Veintisiete, reunidos en Consejo, se mostraron incapaces de ponerse de acuerdo sobre los aspectos más conflictivos del nuevo modelo de supervisión del sistema financiero (bancos, seguros y mercados de valores) y terminaron por transferir la patata caliente a sus ministros de Economía para que sigan discutiendo el asunto.

La diferencia con Estados Unidos resulta muy aparente porque el miércoles, en Washington, el presidente Barack Obama hizo públicas las reformas que su Administración se propone acometer para poner freno a los abusos que han conducido a la actual crisis. Son actuaciones resultantes del mandato del G-8 celebrado el pasado abril en Londres, que también obliga a los europeos. Pero mientras el mandatario afroamericano ha dado ya el paso, definiendo un modelo que tendrá que ser aprobado por las cámaras pero que es comúnmente calificado ya como la mayor revolución en las prácticas financieras desde la Gran Depresión, los europeos no lograban salvar sus diferencias sobre un modelo de supervisión supranacional aunque se encuentre circunscrito exclusivamente a los casos de discrepancia entre reguladores nacionales.

El Consejo Europeo aprobará hoy unas conclusiones en las que se «apoya» la creación de una junta europea de riesgos y un sistema europeo de supervisores financieros, los dos principales instrumentos definidos por el grupo Larosière (por su director, el ex presidente del Banco de Francia y antiguo director gerente del FMI) para mejorar la fiabilidad del sistema financiero europeo y su capacidad para eludir nuevas crisis.

Aspecto conflictivo

Las propuestas de Larosière no son revolucionarias. Su aspecto más conflictivo es el que otorga a los comités europeos de tercer nivel -que ya vigilan aunque sin capacidad ejecutiva las actuaciones de los sectores bancario, de seguros y los mercados de valores- la posibilidad de imponer un criterio en el caso de que los organismos nacionales de supervisión que entiendan en un caso concreto no logren ponerse de acuerdo. Los comités referidos tendrían también competencias directas en determinados casos transfronterizos, que concernirían, normalmente, a las grandes multinacionales europeas.

Estas dos potestades incomodan a los países más liberales de la UE, en particular a Reino Unido, pero también a Rumania y Eslovenia. Londres no está dispuesto a permitir que su supervisor, la Financial Services Authority (FSA), vea menguadas sus competencias en beneficio de una entidad europea. La oposición responde tanto a razones estratégicas (la disconformidad con que Bruselas tenga poder sobre cuestiones financieras que conciernen directamente a la City), como prácticas: el Gobierno británico no transige con la posibilidad de que una entidad supranacional le obligue a emplear dinero de sus contribuyentes en el reflotamiento de un banco no británico en apuros.