El Constitucional enfría las expectativas de un fallo inminente sobre el Estatuto

El momento de conocer la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña sigue sin vislumbrarse. Casi tres años después de presentarse las impugnaciones al texto, refrendado por los catalanes el 19 de junio de 2006, las deliberaciones están ya en la «fase final», aunque es probable que el fallo se demore más allá de julio debido al «arduo» debate que han generado aspectos como la financiación, según fuentes del tribunal. La presidenta del Constitucional, Emilia Casas, no descartó ayer que se vea obligada a habilitar el mes de agosto para adelantar los trabajos, como ya hiciera el pasado año con la ley de consultas aprobada por el Parlamento vasco. Pero no hay nada decidido.

Durante la presentación de la memoria del tribunal en 2008, la presidenta indicó que los trabajos se han acelerado en los últimos meses para que la resolución se conozca «lo antes posible». Así, en el orden del día de los plenos que se celebran cada dos semanas el Estatuto catalán acapara buena parte del tiempo, hasta el punto de que los magistrados aparcan otros asuntos ordinarios.

La ponente, Elisa Pérez Vera, se dedica casi en exclusiva a la redacción de la sentencia. Tras elaborar un primer borrador, en el que dejó fuera asuntos espinosos como la financiación, en la actualidad somete a discusión de sus compañeros un segundo texto, que supera ya los 400 folios de extensión, según fuentes de la institución.

Los debates se han caracterizado por un «importante» contenido ideológico, en el que magistrados de una u otra tendencia política defienden a ultranza sus posturas en materias tan espinosas como la financiación, la bilateralidad en las relaciones Cataluña-Estado o la equiparación de la autonomía catalana con una nación. Fuentes de la institución apuntan que el Constitucional prepara una sentencia interpretativa, en la que muchos de los artículos denunciados por el Partido Popular o el defensor del Pueblo, Enrique Múgica, no serán anulados, sino que se fijará cómo deben ser aplicados para que no contravengan el espíritu de la Carta Magna.

El partido opositor parece tener asumida esta posibilidad: «Vamos a encontrarnos con un fallo tan interpretativo que nos va a llevar otros tres años aclararnos», asegura con sorna un dirigente del PP con responsabilidades en el área de Justicia. Un parecer similar tienen los nacionalistas catalanes.

La propia presidenta recordó ayer que el recurso del PP impugna 183 artículos del Estatuto, mientras que el de Múgica afecta a 113, no todos coincidentes. En total, el Constitucional revisa más de 190 puntos del Estatuto, y la cifra de los que resulten anulados, aunque pequeña, también puede levantar ampollas. La sentencia «no va a dejar contento a nadie», resume un magistrado.

Demora incómoda

La presidenta Emilia Casas quiso quitar hierro a la demora y recordó que la agenda del tribunal no obedece a criterios políticos, y que los magistrados trabajan «intensamente, pero sin presión».

PSOE y PP esperan el fallo con ansia, porque esa sentencia en buena medida encauzará el proceso de reforma del Estado de las autonomías que puso en marcha el Estatuto catalán. Otros textos coetáneos o posteriores, como el de la Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Aragón, Canarias o Andalucía, contienen disposiciones similares a las impugnadas en el caso catalán.

El Gobierno, además, está enfrascado en la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica supeditado al compromiso asumido con Cataluña en su Estatuto, y que trata de hacer asumible para el resto de las comunidades, recelosas del trato específico que en principio parece haberse reservado la autonomía que preside José Montilla. La perspectiva de cerrar un acuerdo el próximo otoño salta por los aires si el Constitucional echa por tierra el mecanismo previsto en la norma catalana.

Y el fallo permitirá desbloquear la renovación del tribunal, empantanada desde diciembre de 2008. PSOE y PP frenaron la sustitución de los cuatro magistrados que debe elegir el Senado y del fallecido Roberto García-Calvo porque no pudieron cerrar un acuerdo, pero también porque creen que lo mejor es que sea este tribunal, en su actual composición, el que solucione el debate sobre el Estatuto.