Cuatro años de cárcel por dos toneladas de droga

Ya no son sólo los colectivos antidroga los que muestran su frustración ante las penas que se imponen a los traficantes de hachís. A ese sentir se ha sumado también la Fiscalía de Cádiz, que ya no esconde su preocupación porque estas condenas se han revelado poco eficaces para disuadir a narcos recién llegados al negocio o para que los más veteranos no regresen tras sus cortas estancias en la cárcel.

En la memoria del fiscal superior de Andalucía, cuyo contenido se conoció el miércoles, la responsable del Ministerio Público en Cádiz dejaba plasmada esa sensación de impotencia. Su delegada antidroga, Ana Villagómez, está planteando una estrategia que consiste en solicitar la aplicación de circunstancias agravantes como el uso de buque para los cargamentos de hachís, con el fin de que los tribunales impongan penas más severas. Pero, por ahora, de esa batalla no está saliendo victoriosa.

Pese a que a lo largo de 2008 se intervinieron 81 embarcaciones «de diverso calado, pero todas aptas para el transporte de grandes cargas de hachís», como indica la citada memoria, no han conseguido que se aplique esta agravante en las penas. Esto se debe a que los juzgados han asumido la interpretación realizada por el pleno del Tribunal Supremo, que entiende buque en su sentido estricto. A diferencia del Ministerio Público que amplía este significado porque una potente neumática es un medio que se pone al servicio de los narcos para introducir grandes cargamentos. Como indica la fiscal jefe en la memoria, esta circunstancia está produciendo un abaratamiento en las de por sí penas poco elevadas.

Sirva como ejemplo dos de las últimas sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Cádiz, que son prácticamente un calco de todas aquellas que condenan a traficantes pillados en pleno alijo en la costa gaditana.

En la primera, tres marroquíes y un vecino de Sanlúcar fueron sentenciados a cuatro años y cuatro meses por participar en la introducción de 1.936 kilos de hachís en la playa roteña de Peginas, en enero de 2008. La Sala Cuarta desestimó la petición del fiscal de elevar la pena un año más porque no consideró que la neumática empleada -una zodiac de siete metros de eslora- debiera considerarse un buque.

Similar resultado tuvo otro procedimiento resuelto por la Sala Tercera, que ha condenado a cuatro vecinos de Chipiona que al más puro estilo busquimano trataron de hacerse con un cargamento de 1.634 kilos de hachís que había sido abandonado en una playa de Chipiona en febrero de 2008. Como fueron detenidos con una pequeña parte de la mercancía, que cargaban a hombros, y la acusación pública no pudo probar que habían sido los responsables del alijo, fueron sentenciados a tres años y medio.

La Fiscalía está convencida de que esa poca dureza de la ley española, que hace una clara diferenciación entre el hachís y otras sustancias como la cocaína, que llevan aparejadas penas más duras, está influyendo de forma decisiva para que la provincia gaditana concentre más del 25% de las aprehensiones de hachís que se hacen en todo el país; o que el 21,50% de los delincuentes que son apresados aquí, lo sean por tráfico de drogas.

Y una consecuencia más: la fiscal jefe ha constatado que el número de procedimientos por delitos contra la salud pública no experimenta grandes variaciones con respecto a otros años, pero sí lo hace el número de toneladas que se requisan, y es que «el tráfico de hachís es cada día más en la provincia un negocio al por mayor».