Las construcciones ilegales experimentan el primer retroceso tras años de auge

La crisis económica que ha sido especialmente virulenta con el sector de la construcción ha traído, entre tantos efectos negativos, una consecuencia alentadora para las zonas donde se había desarrollado más el urbanismo sin control, como Cádiz. Las viviendas ilegales han experimentado el primer retroceso tras año de auge inmobiliario. Ese dato positivo se incluye en la memoria sobre la actividad realizada por la red de fiscales de Medio Ambiente de Andalucía, cuyo coordinador es el gaditano Ángel Núñez.

En la memoria se señala ese factor como artífice de una reducción de las construcciones fuera de la ley, pero no obvia el papel que han tenido las demoliciones, que hasta finales de 2007 no comenzaron a dictarse por orden judicial; las continuas investigaciones que se han abierto y la colaboración, que antaño se antojaba utópica, de muchos ayuntamientos a la hora de denunciar en Fiscalía los abusos cometidos sobre sus ordenamientos. Por eso, el fiscal Núñez lanza un consejo a las administraciones locales para que aprovechen el momento e impongan «el necesario rigor que durante tanto tiempo no ha existido en la disciplina urbanística».

Pese al dato positivo, insiste en diagnosticar un continuo ataque al suelo como bien jurídico.

Obra nueva

De todos los asuntos en los que se detiene para hacer su repaso del trabajo desarrollado en 2008, hace especial hincapié en los casos de Obra Nueva que han ido apareciendo tras la primera operación realizada por la Guardia Civil en Chiclana. A lo largo del pasado año se abrieron 130 diligencias de investigación por casos de falsificación de certificados de antigüedad de viviendas que pretendían construirse en suelos no urbanizables. La mayoría de los pufos estaban localizados en Chiclana y El Puerto.

La fiscal jefe también dedica varios párrafos a las diligencias que se abrieron en su día en el juzgado mixto nº 3 de Chiclana, a raíz de la primera operación del Instituto Armado, aportando información novedosa sobre un procedimiento que lleva dos años en fase de investigación. Hasta la fecha han sido interrogados 81 testigos y han sido detenidas 63 personas por delitos contra la ordenación del territorio, falsedad documental, estafa e incluso amenazas vertidas a los particulares que denunciaron esta práctica para legalizar inmuebles por la puerta de atrás. La lista de profesionales implicados es alarmante: un abogado, arquitectos, aparejadores, empleados de banca, promotores, agentes financieros y un notario.