El juez del 'caso Gürtel' envía al Supremo los indicios contra Bárcenas

El magistrado que investiga la rama madrileña del caso Gürtel, Antonio Pedreira, remitió ayer a la Sala Segunda del Tribunal Supremo los indicios de cohecho y delito fiscal contra el tesorero del PP, Luis Bárcenas, descubiertos por la Agencia Tributaria.

El instructor, en una extensa exposición razonada elaborada a lo largo del fin de semana, también considera suficientes las pruebas con las que la Fiscalía Anticorrupción acusa de cohecho al diputado popular y ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León Jesús Merino, y solicita al alto tribunal que interrogue «de urgencia» como imputados a los dos parlamentarios y al todavía eurodiputado Gerardo Galeote, ante el riesgo de que prescriban los fraudes fiscales que, supuestamente, habrían cometidos los tres cargos populares.

Tal y como le reclamó la pasada semana la Fiscalía Anticorrupción, el juez Pedreira insta al Supremo a quedarse con la «totalidad de las actuaciones» que desde el pasado 1 de abril instruye el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras la inhibición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, para mantener la unidad en la investigación. La iniciativa en ningún caso afecta a la causa que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana instruye contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros aforados regionales.

La causa madrilleña suma más de 10.000 folios, hay tres imputados presos (Francisco Correa, jefe de la trama, y sus colaboradores Pablo Crespo y Antoine Sánchez), y cerca de 70 imputados, muchos de los cuales aún deberán volver a ser interrogados.

El magistrado Pedreira alega que el tronco central del 'caso Gürtel' en Madrid no se puede despiezar porque ello provocaría la «ruptura de la causa», por lo que invita al Supremo a llevarse consigo toda la investigación tras resultar afectados Bárcenas y Merino y constatar que ambos son aforados por lo que no es competente «ni para citarles ni tomarles declaración», según una nota difundida por el tribunal madrileño.

Posibilidad veraz

En su exposición razonada, el todavía instructor del caso Gürtel insiste en que el Supremo debe ser el que decida la suerte de este sumario «toda vez que los avances en la investigación han descubierto nuevos hechos» y «han puesto de manifiesto la posibilidad veraz de que Bárcenas y Merino hayan podido incurrir en infracciones de naturaleza administrativa y penal», cohecho y delitos contra la Hacienda Pública en el caso del senador cántabro, sólo cohecho en el supuesto del diputado, apunta la nota del tribunal.

El grueso del escrito que Antonio Pedreira remite a la Sala Segunda es el informe que la semana pasada le entregó la Fiscalía Anticorrupción y que, a su vez, se hace eco de los nuevos datos aportados por la Agencia Tributaria. En esos documentos, Hacienda relaciona directamente los pagos de la 'caja B' de la red de Correa con ingresos concretos en las cuentas de Bárcenas, Merino y Galeote hasta verano de 2004.

Los primeros cálculos del fisco y de la Policía Judicial apuntan a que Bárcenas pudo recibir hasta 16 pagos diferentes entre 1997 y 2004 por un valor cercano a 1.353.000 euros. Correa, en las conversaciones telefónicas que le fueron interceptadas por orden judicial, se jactaba de haber entregado más de 1.000 millones de las antiguas pesetas al tesorero a cambio de adjudicaciones irregulares. La sospecha de la Agencia Tributaria es que los ingresos sin justificar del senador podrían incluso superar los seis millones de euros de los que hablaba el jefe de la red.

Por su parte, los libros contables de la trama corrupta señalan que Merino, que es coordinador de comisiones en el Grupo Parlamentario Popular, pudo recibir pagos por un valor mínimo de 220.000 euros. En concreto, hay una primera partida a su nombre (Jesús Merino) de 50.000 euros y una segunda entrega de 170.000 euros bajo las siglas J. M.

En el caso de Galeote, aún aforado como eurodiputado mientras no se constituya el nuevo Parlamento de Bruselas, la investigación de la Policía Judicial determinó que pudo aceptar sobornos por valor de 628.310 euros de manos de Correa y los suyos.

Acelerar trámites

El magistrado, que suma a esos informes tributarios y policiales otras pruebas y declaraciones recientes, concluye que estos son «indicios suficientes» para «la obligada remisión al Tribunal Supremo de las presentes actuaciones».

El instructor madrileño se muestra preocupado por la posibilidad de que los delitos fiscales que la Fiscalía imputa a los tres parlamentarios del PP puedan prescribir, ya que las últimas supuestas irregularidades con la Hacienda pública tuvieron lugar en julio de 2004, hace casi cinco años, máximo legal establecido para perseguir esos delitos.

Por ello, Pedreira urge a los magistrados de la Sala Segunda a que aceleren al máximo los trámites para citar a declarar como imputados a Bárcenas, Merino y Galeote cuanto antes.

Mientras no resuelva el Supremo, el juez madrileño seguirá «practicando las diligencias necesarias para evitar perjuicios al funcionamiento de las instituciones».

Si la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decide asumir la investigación del caso Gurtel, pasarán meses antes de que los tres parlamentarios a los que la Fiscalía implica en la trama de corrupción puedan prestar declaración ante el juez instructor. Los trámites para que el alto tribunal pueda dirigir la acción penal contra aforados son largos y tortuosos.

El primer escalón es la propia admisión a trámite de la causa. Antes de valorar los indicios delictivos contra Bárcenas, Merino y Galeote, la sala de admisión deberá comprobar que es el tribunal competente para asumir la causa, para lo que tendrá que recabar del Senado, Congreso y Parlamento europeo una certificación oficial de que los tres son miembros de las cámaras, y por lo tanto aforados. Gerardo Galeote, que no se presentó a la reelección, dejará de ser eurodiputado a mediados de julio.

Recibida la certificación, pedirá informe a la Fiscalía. Si la sala coincide con su apreciación y la del tribunal superior de Madrid, que sí observan la existencia de indicios delictivos, reclamará para sí la investigación de la causa y nombrará un magistrado instructor.

Con toda seguridad, una de las primeras actuaciones que la Fiscalía solicitará al instructor será la toma de declaración en calidad de imputados de los tres aforados. Antes de poder ordenar la diligencia, el Supremo tiene que pedir autorización a las cámaras de las que son miembros mediante el procedimiento conocido como suplicatorio.

Los respectivos parlamentos tienen un plazo máximo de dos meses para resolver la reclamación del Supremo, porque en caso contrario se entiende que no autorizan el encausamiento del diputado. Una comisión específica de cada cámara debe analizar el informe motivado que remita el tribunal, puede recabar los antecedentes que crea oportunos y, siempre, tiene que escuchar al interesado antes de emitir un dictamen.

El resolución final se debatirá y votará en sesión secreta del pleno de la cámara. Una vez que el presidente del órgano legislativo notifique al Supremo si acepta o no el suplicatorio, el instructor podrá citar e imputar a los aforados.