Un centenar de vecinos del Jerez rural se manifiesta por la legalización de cañadas

El sol de justicia y la resaca futbolera no impidieron ayer que cerca de un centenar de personas se manifestara en Estella del Marqués, en demanda de la legalización de viviendas de la Zona Rural. Aunque menos concurrida de lo que se esperaba, la protesta organizada por la federación Unión Rural no defraudó y contribuyó a que se alzaran las voces de los vecinos para pedir una vez más la regularización, con el fin de contar con los servicios básicos de agua, luz y alcantarillado que les están vetados a casi 200 familias.

La presidenta del colectivo, Ana Rosa Pérez, no ocultó su decepción por el hecho de que ningún delegado de Alcaldía de las barriadas afectadas secundara la concentración, a excepción de los representantes de El Mojo y Torremelgarejo. «Sabiendo las necesidades que tenemos, no entiendo que no apoyen la manifestación», lamentó. Aún así, se mostró satisfecha por la participación de todos los vecinos que acudieron, reconociendo que a pesar de que aún queda mucho por hacer, cada vez la ciudadanía está más concienciada con este tipo de problemas.

«Lo que ocurre es que mucha gente aún tiene miedo de manifestarse, porque para algunas cosas siguen teniendo una mentalidad antigua. Pero les iremos concienciando poco a poco, porque la alcaldesa de Jerez cada día tiene menos credibilidad para todos». Y es que Pérez no comprende que, tras las declaraciones del delegado de Urbanismo, Juan Pedro Crisol, en las que reconocía el «parón» en la legalización de las cañadas, la edil siga insistiendo en que el proceso se está llevando a cabo.

A ello se añade la «contradicción» en la que, a su juicio, ha incurrido la Junta de Andalucía, al abonar el despropie a los propietarios de unas parcelas ubicadas en la carretera de La Barca como un paso necesario para la realización de las obras, cuando se trata de terrenos supuestamente ilegales. Por todo ello, desde la federación consideran que no se prima lo verdaderamente prioritario, como es el derecho de los ciudadanos a contar con bienes de primera necesidad.

«La legalización es algo que se prometió en campaña electoral. No pedimos nada del otro mundo, sólo luz y agua, lo justo. Y encima ellos dicen que Unión Rural sólo ayuda a los domingueros y que no defendemos las necesidades del resto». Como se trata de algo que parece no tener visos de solución a corto plazo, Pérez asegura que retomarán el calendario de movilizaciones en septiembre, si durante los próximos meses no se ha producido ningún tipo de avance al respecto.

Por esas fechas, confía en haber recabado un número mayor de apoyos que les impulse a seguir luchando y sortear los inconvenientes que tienen que afrontar en su camino. Pese a ello, asegura que no cejarán en el empeño porque «no podemos tener una ciudad de primera, con ciudadanos de tercera».