Franns Rilles Melgar, el hombre de 33 años de edad y de origen boliviano, que sufrió la amputación del brazo izquierdo mientras se encontraba trabajando de madrugada en la panificadora, situada en Real de Gandia (Valencia). / Efe
MEDIDA EXcepcional

El Consejo de Ministros regulariza al inmigrante que se amputó un brazo «por razones extraordinarias»

Los dos hermanos responsables de la panificadora declararán en calidad de imputados

MADRID Actualizado: Guardar
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El Gobierno ha regularizado "por razones extraordinarias" al trabajador boliviano perdió el brazo en un accidente laboral y ha remitido a la Fiscalía un informe de Inspección de Trabajo que denuncia "graves deficiencias de seguridad e higiene" en la panificadora de Valencia donde trabajaba.

Franns Rilles Melgar perdió su brazo izquierdo el pasado 28 de mayo con una máquina de amasar en la panificadora del polígono Real de Gandía (Valencia) donde trabajaba de manera irregular y sin estar asegurado. Tras el accidente, su jefe supuestamente le abandonó unos 50 metros antes de llegar al hospital debido a su situación.

La medida ha sido anunciada por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha asegurado que, nada más tener conocimiento de los hechos, el Ejecutivo puso en marcha "todos los medios" para averiguar lo sucedido y "exigir el cumplimiento estricto de la ley". "Esta misma mañana, hace poco más de una hora, el trabajador accidentado, Franns Rilles Melgar, ha sido regularizado por razones extraordinarias", ha señalado.

Investigan la panificadora

Fernández de la Vega ha explicado que la Inspección de Trabajo acudió "de forma inmediata" a la empresa panificadora de Real de Gandía en la que trabajaba el inmigrante boliviano, y ha emitido un informe en el que se "aprecian graves deficiencias de seguridad e higiene". Además, el informe constata que el trabajador no estaba dado de alta en la Seguridad Social y se ha ordenado la clausura de la actividad de la empresa.

La vicepresidenta ha recordado además que el informe fue remitido a la Fiscalía, que ha abierto diligencias para averiguar si se han podido cometer delitos "contra la seguridad en el trabajo, de contratación ilegal de trabajadores, y de lesiones graves por imprudencia".