El 'caso Gürtel' llega al Supremo tras acusar la Fiscalía al tesorero del PP

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, deja en manos del Supremo el futuro del 'caso Gürtel'. El magistrado elevará antes del próximo martes una exposición razonada al alto tribunal, después de que la Fiscalía le haya pedido esta semana que abandone el sumario, tras constatar que ya hay «indicios suficientes» para imputar al tesorero del PP y aforado nacional, Luis Bárcenas, en la trama de sobornos que salpica a la formación conservadora. Anticorrupción, que basa sus acusaciones en un reciente informe de la Agencia Tributaria, considera ahora que Bárcenas pudo incurrir en diversos delitos fiscales y cohecho por el supuesto cobro de coimas de la red del empresario Francisco Correa.

El Ministerio Público, que en cuatro ocasiones había rechazado acusar al senador cántabro, a la luz de las revelaciones de Hacienda también ve motivos para imputar a otro aforado de la formación conservadora, el diputado del PP por Segovia y ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León Jesús Merino.

Según informaron fuentes del tribunal superior madrileño, Pedreira recibió a principios de esta semana la petición de Anticorrupción, que adjuntaba el informe de la Agencia Tributaria. Desde que la Fiscalía reclamara su inhibición, el magistrado trabaja contrarreloj, incluido ayer -festivo en Madrid- para redactar cuanto antes su escrito al Supremo. En él insta al tribunal a que tome una decisión sobre este sumario, ya que en ningún caso la justicia madrileña es competente para interrogar a los aforados nacionales a los que, ahora sí, acusa formalmente la Fiscalía.

El informe de Hacienda, según fuentes del Ministerio Público, tiene como «punto fuerte» que establece «relaciones directas» entre los ingresos millonarios del senador cántabro y del diputado castellano con salidas «concretas» de la 'caja B' de la trama. Unos movimiento monetarios que se registraron, al menos, hasta julio de 2004, fecha en la que Correa fue 'desterrado' del PP nacional tras constatar la dirección del partido que la red utilizaba el nombre de la formación.

Prescripción

La fecha en la que se produjeron los supuestos cohechos es importante. Los delitos económicos prescriben a los cinco años, por lo que la Fiscalía sólo tiene un mes para activar la investigación antes de que los ilícitos no sean perseguibles. Responsables de Anticorrupción y de la Fiscalía del Supremo se reunieron esta semana para estudiar este asunto. En cualquier caso, el Ministerio Público confía en que el Supremo nombre un instructor antes de finales de junio, bloqueando así la caducidad del delito.

La Fiscalía, que en marzo y abril rechazó una y otra vez la petición del anterior instructor del caso, Baltasar Garzón, de elevar el caso al Supremo al encontrar indicios contra Bárcenas y del todavía eurodiputado Gerardo Galeote, asegura que no ha habido un cambio de opinión. Entonces, sostienen portavoces del departamento, Anticorrupción se limitó a señalar que las pruebas contra los aforados no eran lo suficientemente contundentes y que la Policía y Hacienda debían seguir investigando. Ahora, a la vista de los atestados de la Agencia Tributaria y de «otras pruebas recabadas posteriormente», considera que los «indicios son sólidos» contra el tesorero.

Según fuentes judiciales, el caso de Galeote, por el momento, está aparcado, a la espera de conocer en qué situación jurídica queda cuando pierda su aforamiento, puesto que fue apartado de las listas europeas de su partido al conocerse su relación con el 'caso Gürtel' y ya no será miembro de la cámara de Estrasburgo.

1,3 millones

Hacienda y la Policía Judicial apuntan que Bárcenas pudo recibir hasta 16 pagos diferentes entre 1997 y 2004 por un valor que, según Garzón, se elevaría al menos a 1.353.000 euros. Correa, no obstante, en las grabaciones a las que fue sometido, se jactaba de haber entregado más de 1.000 millones de las antiguas pesetas al tesorero, a cambio de adjudicaciones irregulares. Las sospechas de la Agencia Tributaria se centran en que los ingresos sin justificar del senador podrían, incluso, superar los seis millones de euros de los que hablaba el jefe de la red.

Entre esos movimientos de dinero destaca el ingreso que Bárcenas hizo en enero de 2003 en un banco cercano al Congreso de 333.000 euros en billetes de quinientos, que el senador justificó como la devolución de un crédito para comprar obras de arte, una operación que no se hizo efectiva. La Fiscalía, a la vista de los informes de los expertos tributarios, pone ahora en valor anotaciones encontradas en el libro de contabilidad B de la trama en las que aparecían las expresiones 'L.Bárcenas', 'Luis el cabrón' y 'L.Barc.'.

Merino, por su parte, estaba siendo investigado desde hace meses por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal, aunque las pruebas presentadas en principio al juez Garzón no le convencieron para pedir su imputación. El diputado, que actualmente es coordinador de comisiones del grupo parlamentario popular, fue consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León entre 1991 y 1999 y vicepresidente de esa comunidad entre 1995 y 1999. Los documentos incautados a la trama tras la detención de Correa apuntan a que pudo recibir pagos por valor de 220.000 euros. En concreto, hay una primera partida a su nombre ('Jesús Merino') de 50.000 euros y una segunda entrega de 170.000 euros bajo las siglas 'J. M.'.

El Gobierno, que había anunciado que se personaría como perjudicado si la Agencia Tributaria detectaba que el 'caso Gürtel' había provocado daños a la Hacienda Pública, va a estudiar el documento entregado a la Fiscalía para instruir a la Abogacía del Estado.