Veinte millones de clientes no percibirán cambios de la liberación eléctrica

La plena liberalización de la electricidad que entrará en vigor el 1 de julio no supondrá cambio sustancial para 20 millones de clientes, usuarios domésticos y comerciales con potencia contratada superior a 3 KW e inferior a 10 KW, que no presentan ninguna de las otras condiciones que les haría beneficiarios del bono social (familias numerosas, pensionistas perceptores de prestación mínima y hogares con todos los miembros en paro). La modificación consistirá en que la factura que reciben estará extendida por una comercializadora, en lugar de la distribuidora que hasta ahora se relacionaba con ellos.

La tarifa, que se aplicará a este gran colectivo de usuarios en los próximos seis meses, la decidirá el Gobierno sobre la base de dos elementos: el precio de adquisición que alcance la energía en la subasta del 25 de junio y el establecido para los llamados 'peajes'. Este segundo factor deja gran margen de maniobra al Ejecutivo. Si la energía se frena, intentará compensar a través del peaje una parte del déficit de tarifa acumulado.

Por el momento, el Ministerio de Industria se escuda en la ausencia de datos para no desvelar si subirá o no el recibo de la luz el próximo 1 de julio. Ante la liberalización, los 26 millones de clientes de baja tensión se van a ver afectados de un modo distinto. De los 25 millones con potencia contratada inferior a 10 kW, cobijados bajo el paraguas de la tarifa de último recurso (TUR), alrededor de 5 millones disfrutarán de congelación de la tarifa hasta 2012.

A los clientes de menos de 3 kW ese beneficio se les aplicará de forma automática en una primera vivienda. Pensionistas, familias numerosas y parados tendrán que acreditar su condición y rellenar un impreso. Todo apunta a que su régimen será transitorio: dentro de algún tiempo las listas de beneficiarios se depurarán para que el beneficio se limite a los hogares con menor renta por habitante.