Los médicos consideran «innecesaria» la nueva Ley de Muerte Digna

El inicio del trámite parlamentario de la Ley de Muerte Digna ha reabierto el debate en torno a la situación de los cuidados paliativos. El Consejo de Gobierno dio el pasado martes luz verde a la norma que reconoce el derecho de cualquier andaluz a rechazar tratamientos o intervenciones, aunque ello pueda poner en peligro su vida. El objetivo es evitar los casos de ensañamiento terapéutico y primar la voluntad del paciente, un marco regulador que los facultativos consideran «innecesario».

En este sentido, el presidente del Colegio de Médicos de Cádiz, Ricardo Miranda, recuerda que el código deontológico ya prohibe el ensañamiento sobre el paciente. Es decir, la aplicación de terapias forzadas contra la voluntad del enfermo para mantenerlo con vida. «El profesional sabe perfectamente hasta dónde puede llegar y no queremos que éste sea el primer paso para abrir la mano a la eutanasia», recalcó.

Miranda aseguró que todos los puntos del texto que se ha enviado al Parlamento andaluz respetan los principios de ética de la profesión médica. Y recordó que «nuestro código dice claramente que ningún médico provocará nunca la muerte de forma intencionada a un paciente, aunque éste se lo pida». De la misma forma, Miranda criticó que el anteproyecto no reconozca la posibilidad del médico a hacer objeción de conciencia», ante la petición de los pacientes a que se les retire un tratamiento que lo mantenga con vida.

Norma sin presupuesto

El presidente de los médicos en Cádiz advirtió, además, que aplicar la nueva ley «con todo el rigor» conllevaría un aumento de la inversión en los servicios de cuidados paliativos, que actualmente no se está aplicando. «Hay aspectos que es imposible cumplir como el garantizar habitaciones individuales a los pacientes terminales», añadió.

Ésta es, de hecho, una de las novedades más interesantes del nuevo proyecto de ley, que en su artículo 26 establece que cada paciente «debe ser atendido en una habitación individual durante su estancia» hospitalaria. Una mejora en confort que hoy día no se aplica en las unidades de cuidados paliativos de la provincia. Los profesionales recuerdan también que el derecho de los pacientes a rechazar un tratamiento médico ya está reconocido por la ley estatal de 2002, que garantiza la autonomía del paciente (41/2002, del 14 de septiembre). No en vano, el actual proyecto de ley andaluza hace constantes referencias a esta ley al abordar los derechos y los deberes de los pacientes y los profesionales, sobre la toma de decisiones médicas. «La decisión de los pacientes acerca de sus tratamientos ya se respeta en los hospitales andaluces», explica en este sentido Amparo Mogollo, responsable de la unidad de cuidados paliativos del Puerta del Mar.

Bien es cierto que la Ley de Autonomía estatal de 2002 garantiza este tipo de derechos -como la consulta previa al paciente o el derecho a una información veraz acerca de la enfermedad-, pero desde un punto de vista genérico. Y no los desarrolla en el ámbito específico del proceso de la muerte. Como tampoco hace referencia a la mitigación del dolor con cuidados específicos.

En este sector, la ley andaluza sí es mucho más concreta. E incluso recoge derechos vinculados con el proceso de la muerte hasta ahora no reconocidos, como el derecho a facilitar el «acompañamiento familiar» al paciente moribundo o el «auxilio espiritual» de los pacientes. Y llega a obligar a los centros sanitarios a prestar apoyo psicológico a los familiares de enfermos terminales, también en el «duelo» tras su muerte.

Por último, la ley aborda otro asunto del que ya existe legislación previa, como es el testamento vital, que en la práctica existe en Andalucía desde 2004 con un seguimiento tímido por parte de los andaluces. No en vano, en la provincia de Cádiz hasta el día de hoy sólo 2.010 personas han solicitado esta posibilidad, que permite dejar instrucciones previas sobre las atenciones sanitarias que quieren recibir en caso de perder la voluntad.

Aunque lo más singular del nuevo texto legislativo es que aborda abiertamente el debate de la «eutanasia». Aunque, para no despertar dudas, en el preámbulo especifica que «la presente ley no contempla su regulación», y deja claro que «la limitación de medidas de soporte vital» y «la sedación paliativa» (que sí están regulados en la norma) no se consideran eutanasia.