Una decisión nacida del consenso político

El proyecto de ley de «Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte» (más conocida como la Ley de la Muerte Digna) ha nacido con un sorprendente consenso político y apenas debate social, al menos inferior al esperado al tratarse de una normativa que se acerca a asuntos espinosos como la eutanasia. En el terreno político apenas se ha elevado el tono del debate. Desde el Partido Popular, por ejemplo, se evitaron ayer valoraciones en detalle del proyecto, a pesar de estar ya en trámite parlamentario. La portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Esperanza Oña, se limitó a recordar que la ley «es un mandato del Estatuto de Autonomía» y que como tal los populares la apoyan. Con todo, aún cabe esperar enmiendas a la propuesta cuando ésta llegue al debate parlamentario. Desde las filas socialistas, la secretaria de Bienestar Social del PSOE de Andalucía, Isabel Muñoz, valoró la normativa, ya que «reconoce el derecho a no recibir tratamientos, independientemente de que el paciente esté en una institución sanitaria pública, privada o religiosa», en clara referencia a la polémica planteada en 2007 cuando la andaluza Inmaculada Echeverría pidió su traslado a un hospital público, porque en el religioso en que estaba se negaron a retirarle la ventilación que la mantenía con vida. Desde el ámbito social, por su parte, la Asociación Derecho a Morir Dignamente aseguró ayer que la norma supondrá un «paso positivo» que evitará casos como el de la italiana Eluana Englaro, que murió tras retirárseles los tratamientos envuelta en un debate sobre la eutanasia. O casos como el del doctor Montes en el Hospital de Leganés (Madrid), acusado de matar a pacientes por la sedación paliativa. La norma andaluza, aunque pionera, no parece que vaya a ser seguida en otras regiones. El Gobierno asturiano, por ejemplo, negó que vaya a legislar en este sentido, ya que la actual norma «cubre la demanda social y da libertad para decidir».