Tragedia en Perú

El 5 de junio de 2009 se recordará con amargura como un hito en la historia negra del Perú. En la madrugada de ese día, la intervención de la policía frente a un grupo de indígenas awajun y wampis, que habían bloqueado pacíficamente una remota carretera en el departamento de Amazonas, desencadenó una matanza. Como de costumbre, esa historia sombría se escribe en los márgenes del país y afecta a los grupos indígenas andinos y amazónicos.

En los primeros años noventa, mientras trabajaba en la zona, un simpático funcionario gubernamental me dijo que la solución a la falta de proteínas en la dieta de los nativos era la introducción de hipopótamos africanos. Según él, a los hipopótamos les gusta el agua, son tranquilos y tienen mucha carne para comer. La política de Alan García respecto a la Amazonía es muy parecida a esa grotesca idea. Su diagnóstico es que la selva está subexplotada y que las poblaciones nativas no tienen ni la capacidad ni el capital necesarios para extraer la riqueza que la selva encierra. Su solución fue la introducción de una serie de decretos legislativos cuyo objetivo es facilitar la inversión de empresas extractivas (petróleo, gas, minería y madera), sus particulares hipopótamos. Las nuevas normas gubernamentales flexibilizan el mercado de tierras, lo que erosiona la capacidad real de los pueblos indígenas amazónicos de controlar su propio territorio. Como era de esperar, el Gobierno obvió completamente el cumplimiento de los tratados internacionales subscritos por Perú, que obligan a consultar a los pueblos indígenas para modificar las normas que les afecten.

En agosto de 2008 una gran movilización indígena obligó al Parlamento a prometer la revisión de las normas aprobadas, mientras que el Gobierno se comprometió a establecer una serie de mesas de diálogo. Tras meses de engaños y de promesas y plazos incumplidos, los indígenas decidieron el pasado abril comenzar un nuevo ciclo de protestas. Su desalojo el pasado día 5 se saldó con más de 23 policías muertos, un número todavía no esclarecido de civiles también fallecidos y más de 150 heridos.

Por último, es muy chocante la desvergüenza con la que el presidente Alan García trata a los indígenas amazónicos y alto-andinos como ciudadanos de segunda, incultos, opuestos al desarrollo e incapaces de saber lo que les conviene. Su paternalismo autoritario, aunque de larga tradición en la vida republicana peruana, resulta insultante en el siglo XXI.

El Gobierno no debe buscar más allá de las fronteras patrias para encontrar los incentivos para las protestas. Es su propia ceguera para entender el país y responder a sus gentes lo que hace que los peruanos más alejados del centro geográfico, político y económico protesten contra un sistema que los excluye y además los insulta.