Las autonomías perderán la tutela de las cajas rescatadas con dinero público

El nuevo fondo de rescate bancario, que el Gobierno quiere sacar adelante este mes, -según reiteró ayer la vicepresidenta económica del Ejecutivo, Elena Salgado- no implica una reforma sustancial de la regulación de las cajas de ahorros, pero incorpora cambios que afectarán a las entidades en dificultades. Si una caja precisa ser rescatada con fondos públicos, los recibirá a cambio de entregar cuotas participativas con derechos políticos. Serán esas acciones las que permitirán al Banco de España ejercer el control de la entidad, y podrían utilizarse como instrumento de canje para posteriores fusiones o ventas, que no necesariamente contarán con el visto bueno de la Autonomía de origen.

Mientras el PP defiende unos cambios de mayor calado -con modificación de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro para restar poder a los gobiernos autonómicos - formaciones nacionalistas ya se han declarado totalmente contrarias a la propuesta 'oficial' de los populares. Por otra parte, la creación de unas cuotas participativas con derechos políticos suscita el rechazo sindical. CC OO cree que esta fórmula es el germen de una futura privatización de unas entidades con fuerte arraigo, que han venido cumpliendo a la perfección una función social además de la económica.

El Ministerio de Economía y el Banco de España han alcanzado un consenso trabajoso, porque el instituto emisor era inicialmente partidario de reducir la presencia política en las cajas de ahorros -a la vista de experiencias como las ocurridas en Caja Madrid-, pero el Ejecutivo socialista no quiso abrir un nuevo frente de confrontación autonómica con una legislación general que incidiera en las competencias territoriales. El borrador con el que ahora pretende conquistar al resto de las fuerzas políticas reduce el potencial conflicto, puesto que limita las modificaciones al ámbito de las entidades necesitadas de rescate con fondos públicos.

Según la vicepresidenta Elena Salgado, los términos de la propuesta cumplen las premisas de la hoja de ruta aprobada en el Congreso: dar prioridad a las soluciones privadas y optimizar el uso de los recursos públicos. El esquema establece que, en una primera fase, dos o más cajas pueden decidir fusionarse o establecer una alianza. La tutela corresponde en este caso a las Comunidades, incluso si se recurre a una ayuda económica del Fondo de Garantía de Depósitos.

Cuando el supervisor del sistema perciba en una caja una situación de grave dificultad que no puede resolverse en el ámbito sectorial, y se requiera una estructuración tan profunda que implique la intervención del Banco de España, las competencias comunitarias quedarán relegadas a un segundo plano. La operación de salvamento se producirá con dinero del nuevo Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria, y el acceso al control se llevará a través de la emisión de cuotas participativas con derechos políticos.

Recolocación

Puesto que, una vez saneada la entidad, habrá que buscarle una recolocación, las cuotas ayudarán a darle una salida distinta de la pura liquidación. Un eventual comprador permitiría la recuperación de los fondos públicos. En esta última etapa, el Banco de España recabará la opinión de las comunidades implicadas. Que su informe no tenga carácter vinculante evitará el veto a una fusión entre cajas de distintos territorios.

Este es el esquema puesto sobre la mesa de los representantes del PP, y la vicepresidenta económica del Gobierno se ha mostrado sorprendida de que el portavoz de esta fuerza política, Cristóbal Montoro, asegure que se está lejos de alcanzar un acuerdo. A CiU le ha tranquilizado, sin embargo, el descarte de una reforma en profundidad de la ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros.

Pero las cuotas participativas, máxime si conllevan derechos políticos, levantan ampollas en CC OO. El sindicato denuncia el riesgo de modificar por vía indirecta la naturaleza jurídica de las cajas de ahorros al establecer la posibilidad de que el Estado pueda suscribir cuotas participativas durante su intervención.

El Departamento del Tesoro de EE UU autorizó ayer a diez grandes bancos, entre ellos JP Morgan Chase y Morgan Stanley, a devolver unos 68.000 millones de dólares del plan de rescate financiero que recibieron del Gobierno hace unos meses. Estas entidades podrán recomprar las acciones que adquirió el Gobierno, con lo que quedarán liberadas de la estricta supervisión que el Tesoro somete a los bancos que se acogieron al rescate financiero aprobado en octubre pasado, por importe de 700.000 millones de dólares.

«Estos reembolsos son una señal alentadora de la reparación del sistema financiero», sostuvo el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, que matizó que «aún queda mucho trabajo por delante».

El presidente de EE UU, Barack Obama, recientemente criticado por el uso de fondos públicos para rescatar empresas privadas, como las automovilísticas, dijo que el hecho de que los bancos puedan devolver parte del dinero recibido es «una buena señal», aunque no significa que «nuestros problemas hayan acabado». Obama añadió que devolver el dinero «no lleva aparejado el perdón por los errores cometidos en el pasado» por las entidades financieras.

El plan de rescate de 700.000 millones de dólares fue la iniciativa más contundente que puso en marcha el anterior Gobierno de EE UU, que presidió George W. Bush, para auxiliar al sistema financiero, debido a la depreciación de activos que causó la crisis de las hipotecas de alto riesgo y otras formas de especulación.

En un principio, el gobierno de Bush dijo que el dinero serviría para recomprar activos «tóxicos», pero finalmente se decidió por otra vía diferente, la de entrar en el capital de la banca con la compra de acciones. Más de 600 bancos en Estados Unidos recibieron casi 200.000 millones de dólares.