Garoña reabre el debate sobre el futuro de las centrales nucleares en España

La central nuclear de Garoña (Burgos) tendrá que acometer una especie de cura de rejuvenecimiento si quiere seguir abierta y si el Gobierno no decide antes su clausura al término de la actual licencia de explotación, el 5 de julio. Son quince requisitos técnicos impuestos por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) como condición indispensable para garantizar su buen funcionamiento más allá de los 40 años de vida útil, que la planta cumplirá en 2011 en caso de seguir operativa. En ese año y en 2013 debería pasar además sendas 'reválidas' y demostrar que ha incorporado las mejoras requeridas por el organismo regulador.

Dos días después del acuerdo unánime del CSN, su presidenta, Carmen Martínez Ten, dio a conocer el contenido del aval técnico a la prórroga de funcionamiento de la central por otros diez años, como ha solicitado la empresa propietaria, Nuclenor (participada por Iberdrola y Endesa al 50 por ciento). El informe incluye quince modificaciones y mejoras en las instalaciones a las cuales se supedita la renovación de la licencia.

«Sí, puede decirse que es un dictamen (favorable) condicionado. Cualquier licencia lleva aparejada condiciones que permiten al CSN revocar o suspenderla en caso de incumplimiento», tanto en el caso de Garoña como cualquier otra central, subrayó Carmen Martínez Ten.

Hoy por hoy, agregó la presidenta del CSN, «Garoña es tan segura como las centrales francesas, suecas o estadounidenses de su mismo diseño, que tienen permiso para 60 años», dijo Martínez Ten. La planta del valle de Tobalina es un reactor de agua ligera en ebullición, diseño de General Electric. Sus hermanas mayores, las estadounidenses Dresden 2, Monticello y Oyster Creek, han visto renovados su permisos para operar hasta los 60 años por el regulador estadounidense.

El pliego de condiciones técnicas del CSN queda ahora a expensas de lo que decida el Gobierno, al que corresponde la última palabra. Martínez Ten y los demás consejeros del CSN (Antonio Colino, Luis Gámir, Antoni Gurguí y Francisco Fernández) entregaron ayer su informe en mano al titular de Industria, Miguel Sebastián, aunque el documento se remitió el mismo viernes al Ministerio. Industria tiene hasta el 5 de julio de plazo para pronunciarse, indultar Garoña o cerrarla, aunque nadie duda que la decisión la tomará el propio José Luis Rodríguez Zapatero, dada la división interna en el Ejecutivo sobre la cuestión nuclear, el debate social abierto y el precedente que puede sentar para alargar la vida útil de otras.

Tiempo de política

En palabras de Martínez Ten, «a partir de ahora comienza el tiempo de la política». Un portavoz de Nuclenor abundó en esta idea. «Se ha abierto la puerta a la renovación, pero el partido todavía no ha terminado», dijo.

La presidenta negó injerencias ni presiones del Gobierno en la decisión. E insistió en que no se retrasó la difusión del documento para no interferir en la campaña de las europeas, aunque los técnicos entregaron sus conclusiones hace casi dos semanas. «Con elecciones o sin elecciones habríamos trabajado igual», dijo Ten, a la defensiva.

Entre otras exigencias, el organismo público reclama a los responsables de la central que incorporen un sistema de tratamiento de gases radiactivos de reserva en caso de accidente, con separación física entre trenes de filtrado y paneles de control. Deberá estar operativo antes del arranque de la central posterior a la parada de recarga de combustible prevista para 2011.

En la siguiente recarga, dos años después, Garoña deberá mejorar el aislamiento de las penetraciones de la contención, duplicar los equipos y circuitos eléctricos, y perfeccionar la protección contra incendios en los elementos de seguridad. En caso de incumplimiento de los requisitos impuestos, tanto en 2011 como en 2013, el CSN podrá ordenar el cierre de la central. El regulador puede clausurar una central o cualquier instalación nuclear en el momento que la crea insegura.

Martínez Ten recalcó que se aplicará a Garoña la normativa de aplicación condicionada (NAC), un examen a la luz de las normas que rigen para las centrales más modernas, aunque estas prevenciones no estuvieran vigentes cuando la planta burgalesa fue diseñada, en los 60. La NAC será exigible a todas las centrales que en el futuro aspiren a funcionar más de cuatro décadas. También se obliga a Garoña a disponer de planes de evaluación del envejecimiento, de gestión de residuos y de combustible gastado así como de identificación de los sistemas importantes para la seguridad. En su informe el Consejo no fija las inversiones para estas mejoras. «Las que sean necesarias, cuesten lo que cuesten», apuntó la presidenta.

El caso de Zorita

Sobre la central alcarreña de Zorita, clausurada en 2006 a los 38 años de vida útil, Martínez Ten recordó que Zorita era un modelo único, un prototipo sin referentes técnicos en otras partes del mundo. Su clausura se decidió en 2003 por motivos de seguridad y con un acuerdo unánime en el Parlamento. «Zorita -recalcó- no habría pasado esta evaluación».

En un comunicado, Nuclenor considera que el visto bueno del Consejo a que Garoña opere hasta 2019 «respalda la validez del proyecto y la metodología» de la empresa para garantizar la seguridad de la planta, y recuerda su esfuerzo inversor en la modernización de las instalaciones de la planta burgalesa. El resultado resulta «muy positivo» también a juicio del Foro Nuclear, que agrupa al sector atómico.

Hugo Morán, secretario federal de Medio Ambiente del PSOE, admitió que el informe del CSN no es irrelevante, pero recordó que es Industria el «que pilota» el proceso y encargado de presentar una propuesta que llevará al Consejo de Ministros.