Los sindicatos llevarán a la justicia el bloqueo en la negociación del convenio

No ha podido ser. La reunión que mantuvieron ayer representantes de las formaciones sindicales del sector de la construcción MCA-UGT Cádiz y Fecoma-CC OO Cádiz con los empresarios del ramo acabó sin acuerdo. El Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales -conocido por el acrónimo Sercla- no consiguió que las dos partes se avinieran a un acuerdo. Los sindicatos acusan a las compañías de «marear la perdiz». Éstas, por su parte, reclaman su derecho a aclarar cuestiones que no acaban de ver nítidas. Mientras tanto, la negociación del nuevo convenio del sector puede acabar en los tribunales.

Todo parte de la subida salarial pactada a nivel nacional durante el pasado ejercicio para el presente y que ahora deben refrendar los agentes sociales de cada provincia. Se acordó que sería la previsión del Gobierno de cierre del IPC a fin de año más un 1,5%. Tanto UGT como CC OO aseguran que el Ejecutivo ha establecido que prevé que se alcance un incremento de la inflación del 2%. Esta es la razón por la que exigen un incremento salarial del 3,5% que consideran «irrenunciable», según explicó el secretario provincial de MCA-UGT, Braulio Martínez.

La patronal, por su parte, no lo ve tan claro. El secretario general de la Asociación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción, Emilio Corbacho, señaló que la Ley de Presupuestos para 2009 no establece ninguna previsión de IPC y que esa es la razón por la que rechazan la subida que piden las formaciones sindicales. «Estamos a la espera de una respuesta a una consulta que hemos realizado a la comisión negociadora nacional», explicó el empresario. Aseguró que esta es la razón por la que han rechazado el arbitraje al que estaban dispuestos a someterse las formaciones sindicales. El representante de los empresarios de la construcción apuntó que el pasado ejercicio no se alcanzó el acuerdo hasta octubre. Y añadió que si reciben de la comisión una respuesta que les convenza no tendrán inconveniente en avenirse y abonar el incremento del 3,5% que reclaman los trabajadores. Éstos adelantaron que denunciarán la cuestión ante los juzgados de lo Social la próxima semana, «el lunes o el martes», matizó Martínez. El portavoz sindical puso números al conflicto y cifró en 12,5 millones de euros lo que las empresas adeudan a sus empleados en la provincia por este concepto, así como en cotizaciones a la Seguridad Social desde el inicio del año.